Constitucionalistas, penalistas, periodistas, congresistas y expertos en libertad de expresión consultados por EL HERALDO coinciden en rechazar la violación al derecho a la intimidad que supuso la publicación por parte de la exdirectora de 'La FM', Vicky Dávila, de un video en que el exviceministro del Interior, Carlos Ferro, sostiene una conversación con alto contenido sexual con el capitán de la Policía, Ányelo Palacios, en el marco de las denuncias que hizo la emisora capitalina en torno a 'La Comunidad del Anillo', que hace referencia a una presunta red de prostitución de policías al interior del Congreso.
El tema, que le costó el cargo tanto al exdirector de la Policía, general Rodolfo Palomino -a quien se señala de hacer parte de la red-, como a Ferro y, finalmente, a Dávila, ha sido tendencia en los últimos días en las redes sociales, pasillos de todo el país y medios de comunicación. Este diario conversó al respecto con el constitucionalista Juan Manuel Charry, el penalista Abelardo de la Espriella, el periodista y escritor Gustavo Gómez, el senador del Centro Democrático Jaime Amín y con el investigador del Observatorio de Libertad de Expresión de la Universidad del Rosario, Germán Ortiz.
Sobre el derecho a la intimidad, la Corte Constitucional lo reconoció desde 1992 como un derecho 'general, absoluto, extrapatrimonial, inalienable e imprescriptible y que se pueda hacer valer 'erga omnes', vale decir, tanto frente al Estado como a los particulares. En consecuencia, toda persona, por el hecho de serlo, es titular a priori de este derecho y el único legitimado para permitir la divulgación de datos concernientes a su vida privada (…)'.
Opiniones
Para Ortiz, 'lo que ha quedado por fuera de la discusión es que este problema es de carácter moral, porque pone en juego el derecho a la intimidad por un lado y aquello que merecía ser conocido por la gente, lo que en realidad tenía interés informativo, por otro'.
En la consideración de Amín, 'la Constitución preserva en el Artículo 15, el hábeas data, el derecho al buen nombre de los ciudadanos sin importar su ideología, condición sexual, social, religión. Somos iguales ante la ley y merecemos el mismo nivel de protección. Y es indudable por tanto que la vida privada le corresponde justamente a esa persona y no al resto de los ciudadanos o al Estado'.
Para Charry, en este caso 'ha habido varios incidentes: la violación al derecho a la intimidad, el rol de morbo público de los medios, que me parece desbordado. El video, si es parte de una investigación, gozaría de reserva; habría que ver si se hizo sin consentimiento de las personas porque eso podría viciarlo de nulidad y lo cierto es que no tenía que trascender a la opinión pública porque podía causar afectaciones al derecho a la intimidad'.
De la Espriella advierte que 'la tal 'Comunidad del Anillo' era más bien como una central de inteligencia, que servía era para extorsionar personas. Vicky Dávila hizo una labor importante denunciando esas irregularidades, pero creo que cometió un error de juicio al publicar un video que no tiene nada que ver con el otro tema y que claramente viola la intimidad de una persona y de su familia'.
Y Gómez señala como 'lamentable el retiro de Vicky Dávila, una colega seria y honesta. En su valeroso trabajo sobre el lado oscuro de la Policía, diferí de algunos de sus enfoques y de la manera de presentar la información, pero ojalá quien ocupe su silla mantenga vivo ese trabajo investigativo tan valioso'.
Intimidad
En la opinión del investigador del Observatorio de Libertad de Expresión, con el video 'se violó el derecho a la intimidad viéndolo por aparte, pero si se lo ve en un escenario donde hay hechos criticables, los ciudadanos merecen conocer qué es lo que está pasando al interior de la Policía'.
El senador barranquillero ve 'lamentable que una periodista (Dávila) de su trayectoria se haya visto envuelta en un asunto que tiene todos los tintes de amarillismo, pero debe servir a todo el gremio de periodistas para hacer una autocrítica'.
Entre tanto, explica el experto constitucionalista que 'los videos que tienen que ver con las relaciones personales, o sexuales, no pueden revelarse sin la autorización de los involucrados'.
Recuerda a su vez el abogado cordobés que 'hay un precedente importante en el caso de Lully Bossa con la Negra Candela, cuando el Tribunal Superior de Bogotá, en decisión unánime, determinó que aun cuando se trate de hechos ciertos, cuando hay contenido sexual, se vulnera el derecho a la honra y al buen nombre porque eso hace parte de la órbita más interna del ser humano'.
Concluye el director de 'La Luciérnaga' que 'el exviceministro Ferro puede estar inmerso en hechos delictivos, pero son sus hijos inocentes los que serán tratados como delincuentes en un mundo donde el matoneo es el 'deporte' favorito de la gente después del fútbol'.
Periodismo
Ortiz subraya, no obstante, que 'queda el sinsabor de saber si se censuró a la prensa por decir lo que tenía que decir, porque no hubo suficiente justificación para publicar el video, pero también los periodistas deberían poder decir lo que piensan'.
Pone de presente Amín: 'aunque hubo una transgresión en los límites de la objetividad periodística, no es menos cierto que las autoridades judiciales tienen que ir al fondo de ese asunto escabroso, por la misma respetabilidad de la Policía y la tranquilidad ciudadana'.
Charry cree, por su parte, que 'ha habido una sobreactuación del medio de comunicación dando a conocer un elemento de las irregularidades en la Policía, que sin embargo no dejan de ser muy graves'.
Indica De la Espriella, sin embargo, que 'al final queda un tufillo de censura a una periodista que ha demostrado independencia, seriedad y por un error de juicio menor, frente a lo que venía denunciando, ha tenido que renunciar'.
Y Gómez opina que 'el periodismo tiene límites. Y no se puede ejercer en detrimento de inocentes. El video de Ferro solo destruía a una familia indefensa. No sumaba ni probaba nada, desde el punto de vista periodístico'.
