La Procuraduría General de la Nación apeló la medida de aseguramiento preventiva, sin derecho a libertad provisional en contra del señor Santiago Uribe Vélez, que le fuera impuesta el pasado lunes 29 de febrero en la ciudad de Medellín, por considerar que se vulneraron derechos y garantías fundamentales del procesado.
Para el Ministerio Público, los fundamentos planteados por el órgano investigador para la imposición de la medida no son adecuados según los lineamientos legales y constitucionales propios del ordenamiento jurídic.
La Procuraduría agregó que no es acertado partir para la imposición de la medida de aseguramiento de la mala fe del procesado, quien ha asistido siempre que ha sido citado, y, además, nunca ha demostrado o se ha comportado de una manera que demuestre algún deseo de evadir la acción de justicia.
