BOGOTÁ. El fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre Lynett, quien deja su cargo hoy tras cuatro años en él, fue un alto funcionario a todas luces polémico.
Centró su gestión en darle un talante liberal al ente acusador, creando por ejemplo grupos especiales de casos Lgbti y con enfoque de género, proponiendo esquemas de justicia más allá del encarcelamiento, reabriendo procesos por emblemáticos crímenes de Estado, incorporando las libertades civiles en el debate de lo penal y haciendo avanzar casos de poderosos exfuncionarios cuestionados por corrupción o nexos con el paramilitarismo.
Los cuestionamientos que le surgen a su labor en la cabeza del organismo, que tiene un presupuesto de 2,3 billones de pesos, vienen por cuenta de varios multimillonarios contratos firmados aparentemente a dedo y con fines que al menos hasta ahora no se han visto, por sus controversiales salidas ante la opinión pública en temas en que pudieron no haberle correspondido y lo que la oposición de derecha llamó siempre una 'persecución' en su contra por la veintena de militantes que aparecen con citaciones ante la justicia para dar explicaciones en casos de relevancia nacional.
No obstante, la jefatura del ente acusador, que se tiene como la investidura más poderosa del país tras la de la Casa de Nariño, no ha estado exenta de duras controversias frente a las actuaciones de los funcionarios que ocuparon la silla en los últimos periodos: Mario Iguarán, de 2005 a 2009, y Luis Camilo Osorio, de 2001 a 2005, ambos señalados de aparentes cercanía y favorecimiento a los grupos paramilitares de la época, durante la presidencia de Álvaro Uribe.
Frente a las polémicas desatadas por Montealegre, se tendría como norma que los titulares de los cargos como éste deben guardarse en lo posible sus opiniones para sí, aunque sus decisiones, aún basadas en procesos de investigación aparentemente rigurosos, generen reacciones a favor y en contra. Y en este sentido hay quienes celebran la actitud pasiva por ejemplo del contralor general, el valduparense Edgardo Maya. Pero también quienes vieron en las posiciones liberales de Montealegre un contrapeso para las posturas conservadoras del procurador general, Alejandro Ordóñez.
La despedida
Montealegre accedió a su cargo el 29 de marzo de 2012, y hoy, durante su último día en el cargo, la Fiscalía presentará un proyecto de ley ante el Congreso de la República para despenalizar el aborto durante los seis primeros meses de embarazo, modificando de esta manera el actual sistema de supuestos que rige en el país durante toda la gestación, con el fin de que las gestantes de escasos recursos puedan acudir a entes y procedimientos médicos adecuados y seguros para interrumpir su embarazo.
También se despide el fiscal saliente con la solicitud de imputación de cargos a los cinco máximos dirigentes del ELN por los 'ataques sistemáticos contra la infraestructura petrolera del país', que dejan 3'596.332 barriles de petróleo derramados y pérdidas superiores a los 65 billones de pesos. En la que es considerada la primera imputación a la dirigencia de un grupo armado ilegal por conductas de competencia de la Corte Penal Internacional, CPI, por ser consideradas como crímenes de guerra, serán señalados los cinco miembros del Comando Central, Coce: el máximo líder, Nicolás Rodríguez, alias Gabino; Eliécer Herlington Chamorro, alias Antonio García; Israel Ramírez, alias Pablo Beltrán; Rafael Sierra Granados, alias Ramiro Vargas y Gustavo Aníbal Giraldo, alias Pablito.
Igualmente, el jefe de la entidad acusadora, que de acuerdo a lo que ha trascendido sería nombrado en la embajada de Alemania, anunció en entrevista con el diario capitalino 'El Tiempo' una demanda de constitucionalidad condicionada para que la Corte Constitucional considere lo acordado con las Farc en La Habana como un tratado de paz, con el objeto de que queden blindados los acuerdos de paz, con lo que se haría innecesario un plebiscito, ya que la voluntad popular no podría modificar normas de rango constitucional: 'los convenios de Ginebra de 1949 le permiten a las partes de un conflicto armado celebrar acuerdos para aumentar la protección civil. El Gobierno y la insurgencia pueden crear normas jurídicas con fuerza vinculante que entran a formar parte del bloque de constitucionalidad'.
La nueva terna
La Casa de Nariño informó este domingo en un comunicado que hasta el próximo domingo 3 de abril tienen plazo los ciudadanos que quieran postularse para integrar la terna que el presidente Juan Manuel Santos deberá enviar a la Corte Suprema de Justicia con miras a elegir el nuevo titular de la Fiscalía. Sin embargo, advierte la Presidencia que el jefe de Estado, de todas maneras, podrá incluir en la lista final a sus candidatos de confianza, aunque no se hayan presentado al concurso de méritos. Los ciudadanos podrán opinar sobre esta lista y el mandatario podrá entrevistarse con los listados.
Mientras tanto, quedará al frente del organismo de control penal, a partir de mañana, el vicefiscal Jorge Fernando Perdomo. Hasta que el máximo tribunal de la justicia ordinaria, cuya nueva presidenta es la magistrada barranquillera Margarita Cabello Blanco, escoja de la terna enviada por el Ejecutivo el nuevo fiscal general de la Nación, tras haber escuchado en audiencia a los ternados.
Los logros
Fuentes de la Fiscalía le dijeron a EL HERALDO que Montealegre basó su labor en las tareas de modernización de la Fiscalía para mejorar los sistemas de investigación y hacerla más eficiente, y gracias a lo cual, según el propio fiscal general saliente, se dieron 'resultados muy importantes en la lucha contra la corrupción: 'carrusel' de contratos, Dian, Estupefacientes, Interbolsa, etcétera- y en la desarticulación de bandas organizadas -4.189 capturas se efectuaron en el primer semestre de 2015 contra organizaciones criminales-'.
Así mismo, se incorporaron nuevas estrategias de investigación con casos en contexto -la Unidad de Análisis y Contexto se creó en octubre de 2012 y está adscrita al despacho del fiscal general-, ya que antes se investigaba caso a caso, y se usa por ejemplo para los procesos por magnicidios, 'falsos positivos', crímenes contra sindicalistas y periodistas, atrocidades cometidas por paramilitares y el exterminio de la Unión Patriótica y el Partido Comunista.
Del mismo modo, señalan los portavoces, se reorientó la justicia transicional, y asegura Montealegre que su 'contribución a la paz' es el hecho de haber introducido herramientas utilizadas por tribunales internacionales para investigar violaciones masivas a los derechos humanos: 'dejé preparada la Fiscalía para los enormes desafíos de la Jurisdicción Especial para la Paz'.
También mencionan el fortalecimiento de las capacidades estratégicas de la Fiscalía, que deja un aumento del 33 por ciento de imputaciones y otro del 24 por ciento de acusaciones. Y el robustecimiento de las fiscalías a nivel regional, el incremento de la extinción de dominio (en 4 años se afectaron 9.500 bienes valorados en 11 billones de pesos) y el redoblamiento en la lucha contra la criminalidad organizada.
Solo en 2015 se reportaron 53.338 condenas por diversos delitos, 124.793 imputaciones de cargos, 30.051 solicitudes de medida de aseguramiento, 76.269 escritos de acusación y un total de 8.606 miembros de estructuras criminales encarcelados.
En lo referente a preacuerdos con los delincuentes como medio para descongestionar la rama y además garantizar una pronta justicia se pasó de 5.293 eventos de este tipo a 8.668 casos. El ataque a la corrupción produjo 3.345 sentencias, 928 acusaciones y 1.533 imputaciones.
Po último, la Fiscalía de Montealegre priorizó los casos de discriminación, violencia sexual, situaciones de violencia específica cometidas por miembros de la fuerza pública y homicidios bajo el criterio de una motivación fundada en el prejuicio sexual o contra la comunidad Lgbti.
Los errores
Entre los que la opinión pública y sus detractores consideran como errores del fiscal se encuentra, en primer lugar en la línea de tiempo al menos de sus estancia en la Fiscalía, el del arresto al exdiputado del Valle, Sigifredo López -tras siete años de secuestro- por su supuesta participación en el secuestro de sus 11 colegas asesinados por las Farc. Lo que después se convirtió en la primera disculpa de la jefatura de Montealegre, al haberlo encausado por un video en el que aparecía una persona parecida al exlegislador.
En el caso de la actriz Carolina Sabino se reveló el año pasado de repente que le imputarían el delito de aborto. Luego Montealegre archivó el proceso, en medio de críticas por la falta de privacidad con que se llevó el proceso.
Siempre fue cuestionado el fiscal por haber sido asesor jurídico de la EPS Saludcoop -de la que recibió 5 mil millones de pesos-, intervenida en 2011 por desviar 1,4 billones de pesos del sistema de salud. Y aunque Montealegre se declaró impedido en el caso, las pesquisas se quedaron en un llamado a interrogatorio al expresidente Carlos Palacino.
Uno de los magnicidios cuya pesquisa se quedó sin resultados fue el de Álvaro Gómez, muerto el 2 de noviembre de 1995 en Bogotá, en medio de críticas de la familia que señaló al ente acusador de no querer declararlo como de lesa humanidad. No obstante, está en la parte final de juicio el exdirector del DAS, el samario Miguel Maza, por el crimen de Galán y el asesinato del periodista y humorista Jaime Garzón ha tomado nuevos rumbos al tenerse como un crimen de Estado y haberse incorporado al expediente pesquisas contra jefes militares aparentemente asociados con paramilitares y el extinto DAS para la comisión del homicidio.
El caso de Natalia Springer supone contrataciones directas por más de 4.200 millones de pesos -se habla de contratos por 19 mil millones de pesos a asesores, analistas, exmagistrados, entre otros, cuando la entidad tiene una planta de 23 mil funcionarios- para que a través de modelos matemáticos y estadísticos se pudieran desarrollar las investigaciones contra las Farc, el ELN y las bacrim. Los resultados de este trabajo aún no se conocen, aunque detractores de Montealegre aseguran que no aportan nada nuevo a los mecanismos actuales, el fiscal ha defendido la labor de la politóloga, asegurando que hará aportes invaluables en los procesos contra los desmovilizados de las Farc.
Otro de los fiascos fue la creación de la universidad de la Fiscalía en 2014, pero que en noviembre de 2015 fue descartada. Según Montealegre porque la crisis del petróleo no ayudó en el proyecto en el que se invirtieron más de 3 mil millones de pesos, y de acuerdo a sus detractores, porque no estaba bien estructurada e incluso señalaron al fiscal de presionar para que se contratara a conocidos suyos.
Finalmente, el uribismo ha acusado a Montealegre de 'persecución política', sobre todo, por los últimos movimientos del organismo: la captura de Santiago Uribe, hermano del expresidente, por supuestos nexos con paramilitares; la mención de los hijos del expresidente, Tomás y Jerónimo, por presuntos nexos con el zar de la chatarra y la citación al excandidato presidencial del Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga, por aparente espionaje a funcionarios del Estado. Y aunque este suele ser el argumento de la oposición de derecha a Santos durante su presidencia cuando alguno de sus militantes es cuestionado en la justicia, la Fiscalía actual ha logrado condenas, por parte de jueces, por las 'chuzadas' del DAS, la yidispolítica y el Agro Ingreso Seguro, entre otros. Y entre los copartidarios o exfuncionarios del expresidente Uribe hay una veintena de condenados, prófugos o investigados por temas penales como parapolítica, narcotráfico, espionaje y corrupción.
Biografía
Montealegre nació en Ibagué el 14 de octubre de 1957, es abogado con especialización en derecho penal en la Universidad Externado, la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad de El Erlangen, de Alemania. Fue juez penal municipal, juez de Instrucción criminal, magistrado de la Corte Constitucional y viceprocurador general.
Fue ternado por Santos para reemplazar a la exfiscal Viviane Morales, junto con las también penalistas María Luisa Mesa y Mónica de Greiff. Y fue elegido con 16 de 23 votos de los magistrados de la Corte Suprema.
Imputarán cargos a cúpula del ELN por crímenes de guerra
La Fiscalía de Colombia imputará cargos hoy a los cinco máximos dirigentes del grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional (ELN) por los 'ataques sistemáticos contra la infraestructura petrolera del país' cometidos por el grupo armado, que son considerados crímenes de guerra.
Así lo anunció ayer el fiscal general, Eduardo Montealgre, en una entrevista al diario El Tiempo en la que hizo balance de su tiempo en el cargo.
La imputación al Comando Central (COCE) del ELN será por tanto su última directiva, destacó Montealgre, quien sostuvo que las 'graves violaciones al Derecho Internacional Humanitario' por las que imputarán a los líderes guerrilleros son 'de competencia de la Corte Penal Internacional'.
Los cinco miembros del Comando Central son el máximo líder del ELN, Nicolás Rodríguez, alias Gabino, así como Eliécer Herlington Chamorro, alias Antonio García; Israel Ramírez, alias Pablo Beltrán; Rafael Sierra Granados, alias Ramiro Vargas y Gustavo Aníbal Giraldo, alias Pablito.
El vicefiscal, Jorge Fernando Perdomo, dijo a la prensa que 'por primera vez' en Colombia 'se imputará a la dirigencia de un grupo armado, organizado, al margen de la ley, conductas de competencia de la CPI (Corte Penal Internacional) consideradas como crímenes de guerra por el Estatuto Penal de Roma y por el DPI (Derecho Penal Internacional)'.
Además, explicó que los hechos por los cuales se solicitó formulación de imputación incluyen los ataques contra la industria petrolera en el Oleoducto Caño Limón Coveñas, que con 770 kilómetros de longitud es el segundo más importante del país.
