BOGOTÁ. La Fiscalía informó esta semana que había llegado a un preacuerdo con Claudia Elena Lozano Doria, es decir, que la exdirectora de la Fiscalía de La Guajira decidió confesar que no es abogada y que se posesionó como fiscal con documentos falsos, abriéndole a la justicia colombiana, en medio de la increíble historia, otro drama: la incertidumbre sobre la suerte de los procesos en que actuó esta pelayera durante unos ocho años.
Lozano Doria, esposa del excandidato a la alcaldía de Valledupar Pedro Norberto Castro Araújo –jefe del Centro Democrático en Valledupar y antiguo cónsul del gobierno de Álvaro Uribe en Roma– y nuera del exsenador José Guillermo ‘Pepe’ Castro, fue imputada el 3 de marzo pasado ante el Tribunal Superior de Bogotá por los delitos de falsedad en documento privado, uso de documento público falso y fraude procesal, cargos que aceptó ante los magistrados.
El pasado 28 de marzo, según contaron fuentes de la Fiscalía a este diario, la cordobesa suscribió un preacuerdo –confiesa a cambio de prebendas jurídicas– con la Fiscalía 7 Delegada ante la Corte Suprema, que está a la espera de ser avalado por este alto tribunal, para de esta forma obtener un rebaja del 50 por ciento de la pena, que de 14 bajaría a siete años.
Y lo que seguirá tras la condena de Lozano, quien deberá ser acusada antes de mayo, es que las partes en los procesos en que actuó como fiscal podrán interponer acciones de revisión ante la máxima corte de la justicia ordinaria.
Uno de esos procesos incluye el de un exdirector del DAS en La Guajira, capturado por corrupción en 2008.
Entre tanto, Lozano deberá enfrentar otro proceso por presuntamente haber devuelto a narcotraficantes cargamentos de cocaína y marihuana, tras haber sido incautados, por lo que le habrían pagado la suma de 350 millones de pesos.
Pero, además, en su historia hay otras perlas: ejerció como abogada en Córdoba, fue fiscal seccional en Santa Marta, aspiró a jueza y estuvo apadrinada por la supuesta jefa política del Frente Contrainsurgencia Wayú de las AUC.
Casi procuradora y jueza. En 2013, el periodista Daniel Coronell recordó que el 29 de abril de ese mismo año, el procurador Alejandro Ordóñez nombró asesora de su despacho a Lozano Doria, a pesar de que había sido declarada insubsistente por la Fiscalía en 2010, tras una publicación de la desaparecida revista ‘Cambio’ en la que señalaban de haber participado en la devolución de un cargamento de cocaína a narcotraficantes, a cambio de 350 millones de pesos que habría recibido del extinto DAS.
No obstante, Lozano no llegó a posesionarse en el ente de control disciplinario no por las acusaciones que se le hacían sino porque no se posesionó dentro de los términos establecidos.
De hecho, Lozano no solo aspiraba a trabajar en el Ministerio Público, sino que quería, apoyada de sus ‘palancas’, ser jueza de ejecución de penas de Valledupar, pero el Tribunal Superior de Valledupar se dio cuenta de que la tarjeta profesional de abogada que presentó no era de ella, y dejó por escrito en el acta del 18 de junio de 2013 que en el registro nacional de abogados no aparecía ninguna Claudia Elena Lozano Doria.
Por ello, la corte valduparense compulsó copias para que la cordobesa fuese investigada penal y disciplinariamiente.
Abogada y fiscal
En Córdoba, de donde es oriunda, y más exactamente del municipio de San Pelayo, era reconocida como una destacada ‘abogada’ que, no obstante, fue escalando de manera vertiginosa y poco usual dentro de la Fiscalía en la época en que Mario Iguarán Arana, señalado de cercanías con grupos paramilitares, fungía como jefe del ente acusador.
Primero fue asistente de despacho en Barranquilla, luego nombrada fiscal seccional de Santa Marta, a mediados de la década de 2000, y posteriormente, entre 2008 y 2011, ocupó la más alta dignidad del ente de control penal en La Guajira.
El caso de la droga
‘Cambio’ publicó en enero de 2010 que durante la navidad de 2009, el expresidente Uribe fue alertado por personas de su confianza de que la entonces directora de Fiscalías en La Guajira le estaría devolviendo los cargamentos de droga decomisado a una red de narcotraficantes, por lo que el exjefe de Estado pidió investigarla.
Entre tanto, el exfiscal general (e), el cordobés Guillermo Mendoza, ya había abierto meses antes una pesquisa interna y además contra dos detectives del DAS del departamento por haber recibido unos 800 millones de pesos de traficantes de cocaína a quienes les habían devuelto la droga incautada.
El proceso se inició por las declaraciones de una informante guajira del Ejército y del DAS conocida como ‘María’, quien aseguró que supo acerca de la devolución de dos cargamentos de droga, uno de cocaína y otro de marihuana, por el que funcionarios de la cuestionada entonces agencia estatal de inteligencia recibieron millonarias ‘recompensas’.
‘María’, tras contar lo que supo, fue objeto de un atentado en Riohacha, en noviembre de 2010, y por eso fue incluida en el programa de protección a testigos de la Fiscalía. Lo que contó la informante, básicamente, fue que en noviembre de 2008 los investigadores del DAS, Germán Velasco y José William Galindo, devolvieron un cargamento de 500 kilos de cocaína confiscado en Maicao, y que además el propio Velasco le había contado que también estaban involucrados altos funcionarios de la Fiscalía, entre ellos Lozano Doria.
Al respecto, la testigo le dijo a un fiscal en Santa Marta: 'la doctora Claudia recibió 350 millones de pesos. A ella se lo dio (sic) en efectivo los del DAS. Ellos todo lo manejaron en efectivo'. Y agregó que del DAS le habían advertido que no siguiera hablando e, incluso, se enteró que la directora de Fiscalías de La Guajira había estado averiguando sobre ella: 'Sé que la directora de Fiscalías ha preguntado por mí pero no me ha abordado. Allá todo el mundo sabe lo que ocurrió con esa droga y nadie se atrevió a hacer lo que yo hice'.
Otros testigos denunciaron que también estarían aparentemente untados en el caso los fiscales seccionales Rafael Martínez y Álvaro Porto, quienes fueron señalados de haber recibido 120 millones de pesos.
Las respuestas de Lozano. Seis años atrás, Lozano Doria, preguntada por ‘Cambio’ sobre el escándalo, contestó que 'un día de 2009, un mayor del Gaula del Ejército me dijo que había un rumor sobre la devolución de una droga. Le pedí que me entregara datos pero no me los dio y las cosas se quedaron así. Aquí existe un problema y es que todo el mundo habla sobre supuestos ilícitos pero nadie denuncia ni muestra pruebas'.
Y frente a los señalamientos en su contra, aseguró: 'Tengo enemigos en La Guajira que quieren acabar con mi reputación porque he dado golpes al narcotráfico. Pero mi mayor enemigo es el DAS porque una investigación nuestra terminó con la captura de un exdirector, de un exdirector operativo y de 10 detectives por extorsión. Eso no me lo perdonan'.
Agregó, de hecho, que ella misma pidió que se iniciara una averiguación por las acusaciones: 'Un día llegó un anónimo que decía que yo había recibido un dinero pero no decía de qué o por qué. Personalmente lo mostré en Bogotá y pedí a mis superiores que me investigaran'.
Finalmente, sobre los fiscales Porto y Martínez, sus subalternos enredados también en el caso, dijo, sobre el primero, 'es muy competente', y sobre el segundo, 'prefiero guardar silencio'.
Y concluyó: 'Yo no tengo casa ni carro y vivo en arriendo. Hoy solo tengo 2.000 pesos en mi cuenta'.
Exdirector del DAS guajiro. Cuando Lozano habla de sus 'enemigos' y se refiere a la captura de un exdirector del DAS, se trata de Yhon Carlos Cuéllar Gómez, exdirector seccional del DAS en La Guajira, quien fue aprehendido a principios de diciembre de 2008 en Bogotá, luego de que un juez penal de Riohacha ordenara su detención por solicitud de la Fiscalía de La Guajira.
El exdirector seccional y 11 de sus subalternos fueron objeto de denuncias de particulares sobre exigencias de dinero que hacían a sus capturados, a cambio de favorecerlos, incurriendo así presuntamente en el delito de concusión.
Uno de los casos que se conocieron fue el de Lady Constanza Sánchez Pérez, pedida en extradición por el Gobierno de Bélgica, por haber supuestamente cometido el delito de narcotráfico, a quien le habrían pedido 80 millones de pesos para frustrar si entrega al país europeo. Así las cosas, la mujer fue detenida por el DAS en La Guajira el 30 de julio de 2008, pero fue liberada el 1 de agosto del mismo año.
Ese proceso lo lideró Lozano Doria, quien no tenía las credenciales para hacerlo.
Apoyo: la prófuga madrina
De acuerdo a los medios de comunicación de la región, la fiscal Lozano habría llegado a dirigir la seccional guajira con el apoyo del entonces representante conservador Bladimiro Cuello, hoy cónsul en Atlanta y de Cielo Redondo, prófuga exalcaldesa de Uribia.
Redondo está señalada de presuntas irregularidades en la compra de materiales de construcción en su segundo y último mandato como burgomaestre entre 2007 y 2011. Además, la Fundación Paz y Reconciliación aseveró que a Redondo 'se le acusa de ser la jefa política de la estructura criminal de alias Pablo, jefe del Frente Contrainsurgente Wayú de las AUC'.
Por su parte, Cuello tiene una disputa mortal con el detenido exgobernador de La Guajira, Juan Francisco ‘Kiko’ Gómez Cerchar, desde que se pelearon el primer cargo del departamento: Cuello acusa a Gómez de haber proferido amenazas en su contra y de haber asesinado a su hermano, Jorge Daza Barriga, en 2014; mientras que Gómez señala a Cuello de haberse aliado con la exfiscal delegada ante la Corte, Marta Lucía Zamora, para montar un complot en su contra, y de haber atentado contra su vida en la península.
Esta semana, cuando estalló de nuevo el escándalo de Lozano Doria, Alejandro Hernández Moreno, el abogado de Cuello, aseguró que el cónsul no ha tenido relación personal ni política con la exdirectora de la Fiscalía en La Guajira: 'Ni ella ha hecho parte de su grupo político, pero, además, nunca la ha recomendado para cargo alguno'.
