En el desarrollo de un acto académico con estudiantes de la Universidad Cooperativa de Colombia, el Ministro para el Posconflicto, Derechos Humanos y Seguridad, centró su discurso en los procesos de restitución de tierras que adelanta el Estado, a través de la Unidad de Restitución de Tierras, asegurando que el desarrollo de estos, pasan por un proceso de estudio y análisis técnico que con rigurosidad ha demostrado que es viable la restitución de terrenos a quienes se han visto afectados con el despojo de sus tierras por la violencia.
'Decir que se está restituyendo tierra a guerrilleros es oponerse a la paz. Es usar una norma que ha sido muy efectiva y ha sido cuidadosamente ejecutada para oponerse a la reconciliación de los colombianos', indicó Rafael Pardo, para luego añadir que 'el proceso de devolución de tierras está bien liderado por la Unidad, pero es un juez de la República dedicado a decidir casos de restitución de tierras, quien decide si esa tierra se restituye o no. Con numerosos filtros y controles se ha contribuido a la paz con 200 mil hectáreas devueltas en 50 mil procesos'.
El Ministro ve un buen futuro para el proyecto que busca emplear medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y consideró que se está haciendo política con esa Ley, que es la base de la paz y de la reconciliación en Colombia. 'No olvidemos que miles de familias campesinas fueron expulsadas por la violencia a manos de paramilitares, Farc, Eln y demás grupos ilegales. Había una consigna en muchas zonas del país: ‘O me vende la tierra o negociamos con su viuda’, y así se hicieron muchas transacciones en notarías, entre comillas, legalmente. Es más, hay escrituras que son legales pero que se dieron en el marco de la violencia', sostuvo.
Por último, pero no menos importante jefe de la cartera del Posconflicto, reiteró que la aprobación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras fue el resultado de un amplio consenso entre diferentes sectores sociales y políticos de la Nación, por lo que entes como la Procuraduría General de la Nación conocen en detalle cada caso que hace parte del proceso, por lo que ya son considerados parte del proceso de devolución de tierras.
