La abogada monteriana Claudia Lozano Doria afirma que se dio cuenta de que no estaba registrada como abogada luego de más de una década de haber fungido por casi todo el Caribe como asistente de fiscal, fiscal e incluso directora de la Fiscalía de La Guajira, nombrada por Mario Iguarán.
Recientemente, la exfuncionaria fue imputada por la Fiscalía ante el Tribunal Superior de Bogotá, por la falsificación de los documentos que aportó para ser nombrada en aquel entonces. Ella aceptó los cargos.
Su caso se destapó en julio de 2013 en el Tribunal Superior de Valledupar donde, según el acta del Acuerdo 031 de la Sala Plena, presentó documentos para 'obtener la confirmación' como juez segunda de ejecución de penas de la capital del Cesar, cargo para el que la designaron en provisionalidad en junio de ese mismo año.
Al revisar los documentos el Tribunal encontró que el número de la tarjeta profesional no correspondía a la cédula de Lozano Doria y no aparecía inscrita como abogada. La Sala Plena decidió por unanimidad no confirmar la designación y compulsó copias para que la investigaran penal y disciplinariamente.
Tal decisión la dio a conocer el periodista Daniel Coronell luego de que a Lozano la nombró el procurador Alejandro Ordóñez en esa entidad, cargo que no asumió. Ella explica que con la decisión del Tribunal averiguó qué pasaba y afirma que fue 'víctima de una estafa'. Sostiene que cuando se iba a graduar trabajaba en Tierralta, Córdoba, por lo que dio poder y encargó del trámite a Juan Angulo Castellanos, abogado; dice que le pagó 400 mil pesos para que consignara, recibiera su diploma en la Universidad del Sinú y adelantara las diligencias de la tarjeta profesional, 'pero este señor se robó la plata y me entregó unos documentos de otra persona, que tenían mi cédula y mi foto'.
Acepta que cometió 'el error de no adelantar esos trámites de forma personal y de confiar, y por ello estoy investigada'. Luego de la decisión del Tribunal hizo sus trámites y obtuvo la tarjeta de abogada 236035, expedida el 21 de noviembre de 2013.
No obstante, la historia no termina allí: 'Angulo Castellanos fue asesinado en 2007, desafortunadamente para mí. A raíz de lo publicado en estos días, me han escrito personas diciéndome que este señor les hizo lo mismo y que tenía investigaciones por hechos similares. Estoy consiguiendo esa información'.
En enero de 2010 la revista Cambio publicó que una informante guajira del Ejército y del DAS aseguró que supo de la devolución de dos cargamentos de drogas en noviembre de 2008, por el que les dieron a funcionarios $800 millones. Señaló que Lozano recibió $350 millones.
Sobre este caso, Lozano muestra un documento de la Fiscalía, fechado el 25 de abril de 2011, suscrito por el jefe de la Oficina de Veeduría y Control Disciplinario Interno, Iván Díaz Sabbach, en el que se dispone 'dar por terminado el procedimiento disciplinario' adelantado en su contra como directora de Fiscalías de Riohacha y ordena archivar el expediente. La ex funcionaria señala que actas en poder de la Fiscalía, firmadas por varios representantes de organismos de seguridad, dicen que la droga fue destruida.
Niega haber llegado a la Fiscalía de La Guajira con el apoyo del entonces representante conservador Bladimiro Cuello, hoy cónsul en Atlanta y denunciante del capturado exgobernador ‘Kiko’ Gómez, y de Cielo Redondo, prófuga exalcaldesa de Uribia.
