Ricardo Sabogal, director de la Unidad de Restitución de Tierras, aseguró, en diálogo con EL HERALDO, que se está atendiendo actualmente el 50 por ciento de los reclamos de víctimas de despojo, pero reconoce que hay lentitud y que el proceso es 'complejo', aunque rechaza las bajas cifras publicadas por las fundaciones Forjando Futuros y Paz y Reconciliación, que hablan de solo el 3,4 restituido.
El abogado de la Nacional, especialista en Economía de los Andes, exalcalde de San Bernardo, Cundinamarca y exgerente del Proyecto Protección de Tierras y Patrimonio de la Población Desplazada -germen de la Unidad-, anunció que se estudia la posibilidad de que sean más de 56 los jueces de restitución para acelerar la devolución de los predios y criticó la 'estigmatización' que hacen algunos críticos de la restitución de las víctimas de despojo al tildarlos de guerrilleros.
¿Cómo va la restitución en su consideración, porque uno lo que pensaría es que es un programa bien intencionado pero muy lento?
En cifras, se está atendiendo el 50 por ciento de los reclamos que han hecho los campesinos. Es lo que hemos analizado. Cerca de 15 mil reclamos están ante los jueces y ellos están dictando sus sentencias, hoy tenemos más de 200 mil hectáreas con sentencia restitutiva y en espera de que entreguemos unas 500 mil hectáreas. El tema es complejo, pero se está haciendo. Cuando se empezó a implementar la ley nos decían que no era viable antes de empezar una fase de posconclicto, y hoy el presidente Santos ha demostrado que este tipo de políticas se pueden implementar desde ahora si hay voluntad del Gobierno.
¿Por qué hay cifras diferentes entre las que muestran ustedes y las que tienen las fundaciones que dicen que el avance solo es del 3,4 por ciento?
Desafortunadamente han hecho un análisis de cifras que no es el indicado, porque ellos cogen el número total de reclamaciones y sacan un porcentaje final absurdamente bajo, eso no es así. Casi definidos de manera completa, ya sea ordenando la restitución o no, estamos en más del 20 por ciento y cercanos al 25 por ciento, y hablando de que más de 20 mil casos ya fueron decididos.
Las decisiones administrativas de la Unidad van más rápido que las sentencias de los jueces, ¿ahí está la lentitud del proceso?
Ahí es donde está el problema técnico del análisis que hacen en Forjando Futuros, porque el proceso tiene dos trámites: uno que es el administrativo y otro el judicial, y en el administrativo se han estudiado cerca de 34 o 35 mil reclamos y eso ha arrojado 15 mil reclamos que van para jueces, y de los que les hemos entregado a los jueces ahí está el resultado de los 3.500 casos resueltos. Los casos ante los jueces son más complejos y se estudian de manera más detenida, y coincido en que debería darse más velocidad en la decisión de sentencias. Estamos trabajando con el Consejo Superior de la Judicatura y existe la posibilidad de que haya más jueces en la política restitutiva para evacuar con mayor rapidez los reclamos.
El procurador dijo que hay que cambiar la Ley de Restitución por 'injusticias' con los propietarios de 'buena fe'…
La Procuraduría participa del proceso restitutivo en todos los procesos que adelantamos, y formula reparos a la ley, y nosotros lo escuchamos con mucha atención y esperamos mejorar en lo que podamos mejorar ante las preocupaciones de los segundos ocupantes, que ya están siendo atendidas, y de hecho ya hay sentencias restitutivas. Y sobre la modificación de la ley, el espacio será el Congreso.
El presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, dijo que 'la restitución es la cuota inicial del control territorial de los actores armados'…
No compartimos lo que él dice. Las cientos de miles de víctimas que ha dejado el conflicto no pueden ser estigmatizadas porque precisamente las han victimizado las propias guerrillas. De hecho, el 37 por ciento de los campesinos dice que fueron despojados por las guerrillas. Las apreciaciones que hace el presidente de Fedegán son desafortunadas, porque lo que nosotros hemos visto es que son campesinos buenos buscando recuperar sus tierras, y hacer esos señalamientos no le hace bien al país ni a la reconciliación y polariza, así que el llamado es que busquemos hacer justicia para esos campesinos.
Desde el Senado se advirtió de un resurgimiento de los ejércitos antirrestitución en Magdalena y Cesar, ¿qué precauciones se están tomado para esto no dé al traste con el proceso?
El proceso restitutivo no es fácil, encuentra gente que ha estado muy cerca a la ilegalidad, pero obviamente el proceso tiene todo un componente de seguridad que acompaña la intervención. Ahí en el Magdalena ya hay varios frentes por temas desplazamiento y despojo, la Policía Nacional tiene una estrategia con los campesinos, en la Unidad hay un programa de protección a los reclamantes, y el mensaje es que no puede haber nadie por encima de la ley y los que lo estén tienen que ir a la cárcel.
