Como una de las primeras medidas tomadas a su llegada al Ministerio de Justicia y del Derecho, Jorge Eduardo Londoño Ulloa, luego de un consejo del Inpec, anunció el decreto de la emergencia carcelaria y penitenciaria, condición que le dará facultades para tomar acciones inmediatas para atender la grave crisis que presentan las cárceles del país, esencialmente en lo que tiene que ver con desatención a los internos en servicios de salud.
El nuevo ministro, que había causado polémica por declararse en desacuerdo con la erradicación de cultivos ilícitos mediante la fumigación con glifosato, reveló que de las 136 cárceles en todo el territorio nacional, en este momento 74 no tienen servicio de salud o lo prestan de manera precaria. 'Están en juego vidas humanas y la dignidad de las personas', afirmó Londoño al describir que en las cárceles hay reos con enfermedades como hipertensión, VIH y trastornos psiquiátricos, que no cuentan con la atención requerida.
A raíz de la liquidación de Caprecom, el servicio de salud lo presta actualmente Fiduprevisora bajo la administración de la Unidad de Servicios Penitenciario y Carcelarios (Uspec), sin embargo, el ministro Londoño explicó que la medida de emergencia les permitirá a las autoridades entrar a evaluar cuál es el sistema de salud que se va a aplicar para toda la población carcelaria. Este punto será estudiado más a fondo el próximo martes en una reunión que convocará al ministerio, a la Uspec y al Inpec.
La medida. La decisión implica, la ejecución de brigadas de salud y la modificación en manuales, de tal manera que personal médico que realiza funciones administrativas, pueda atender las necesidades de los reos.
En las brigadas puede darse una acción interinstitucional en la que deben participar los entes territoriales a través de las secretarías de salud y a la que podrían vincularse cuerpos como el Ejército y organizaciones no gubernamentales.
Aunque la crisis es general, el titular de la cartera aseguró que empezarán por atender las situaciones más urgentes que se presentan en Bogotá, Antioquia y la región Caribe. Para el caso de la costa, fuentes del Inpec indicaron que el problema es agudo en los penales de todas las capitales como Barranquilla, Sincelejo, Cartagena, Valledupar y Riohacha.
El Ministerio de Justicia no especificó presupuesto ni de dónde saldrán los recursos para tomar estas medidas inmediatas, que bajo condiciones fuera del decreto de emergencia, tardarían varios meses en implementarse. Aunque el decreto les da autonomía a las entidades para atender distintas problemáticas de los centros carcelarios, la prioridad en este momento es minimizar las deficiencias de salud.
La emergencia carcelaria y penitenciaria se estipuló hasta el mes de diciembre; durante este tiempo, el Ministerio de Justicia no descarta la posibilidad de anunciar otras determinaciones como las que tienen que ver con descongestión de las cárceles mediante el mecanismo del brazalete electrónico. En el consejo del Inpec del martes las entidades darán a conocer más especificidades sobre cómo se empezará a resolver la problemática sanitaria
