Rosa Elvira Cely no solo fue víctima de Javier Velasco, hoy condenado a 48 años de prisión, también lo fue por el concepto jurídico de la Secretaría de Gobierno que aseguró que la mujer, que murió de manera atroz, tras ser empalada en 2012, propició su muerte. Así lo aseguran organizaciones de mujeres y de derechos humanos, quienes ayer alzaron su voz frente a la Alcaldía de Bogotá.
Los manifestantes exigían la renuncia del secretario de Gobierno, Miguel Uribe Turbay, contra el que llovieron arengas de feministas, actrices, abogadas, víctimas y de las autodenominadas mujeres putamente libres.
A pesar de que el propio alcalde Enrique Peñalosa pidió sustraer el concepto, este diario pudo establecer que hasta ayer lunes en la tarde no se había radicado ningún oficio en el juzgado administrativo.
De acuerdo con Germán Romero Sánchez, apoderado de la familia Cely, el retiro de la respuesta dada por la abogada Luz Stella Boada sí se puede hacer, pero advierte que el procedimiento no es tan fácil, ya que solo el juez que lleva el caso lo puede decidir durante la audiencia pública inicial, aún sin fecha prevista.
En agosto de 2014, cumplidos los términos durante los cuales surtió un proceso previo de conciliación ante la Procuraduría, la familia de Rosa Elvira Cely entabló una demanda contra la Fiscalía General de la Nación y las secretarías distritales de Salud y Gobierno; el juzgado administrativo aceptó la demanda y ordenó un plazo de 55 días para que los organismos respondieran, plazo que se venció el pasado 11 de abril. Ese día quedó radicada la contestación a la demanda, objeto de la controversia, la indignación y el repudio.
Para Romero Sánchez, el asunto es más que un problema de abogados, pues se trata de una respuesta institucional con todas sus implicaciones, pues se sabe que las entidades tienen procedimientos en los que las responsabilidades de conocimiento y asignación recaen en la cabeza principal.
'Me mostró el camino'. Entre el tumulto de mujeres que protestaron ante el Esmad estaba Adriana Cely, quien a raíz de la tragedia se convirtió en una abanderada de la causa femenina. Ella recordó que 'la revictimización' de su hermana comenzó cuando en su primer llamado de auxilio al 123, la madrugada del 24 de mayo de 2012, fue tildada de borracha por el operador. Luego fue la demora de la ambulancia, el primer traslado al centro clínico más lejano y su deceso en el deprimido Hospital Santa Clara.
Ángela Robledo, la representante que desde la Cámara lideró el trámite de la Ley de Feminicidio y que ha acompañado a organizaciones de mujeres, le dijo a EL HERALDO que el concepto jurídico, además de 'ser cruel', puede 'ser ilegal', toda vez que Colombia ha suscrito convenios internaciones en los cuales se establece que los funcionarios públicos tienen la obligación de no contribuir a la estigmatización ni a la creación de escenarios de revictimización.
Adriana Cely, Ángela Robledo, Mar Candela (líder activista de las prostitutas), todas, sin distingo de ninguna índole, además que la salida de un funcionario, buscan que el Distrito establezca una política profunda que reivindique sus derechos, su condición y su dignidad. Buscan que no haya más Rosas, y que no se les maltrate o se les mate por el simple hecho de ser mujeres. 'Lo que es con Rosa, es con todas', arengaron.
Entes se pronuncian
La Procuraduría rechazó el concepto emitido por la Secretaría de Gobierno de Bogotá. 'La culpa exclusiva de la víctima no puede predicarse en un caso de feminicidio, bajo ningún argumento', afirma el ente. La Procuradoría establece que 'trasladar la responsabilidad a la víctima con el criterio de su culpa exclusiva es revictimizante, contrario a la verdad procesal y atentatorio de los derechos de las víctimas'. La Defensoría también consideró que 'es un pésimo mensaje que se envía y es inconcebible que a una víctima se la acuse de ser partícipe del hecho en el cual resulta victimizante'.
