Representantes de la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular, que inició este lunes un paro agrario contra las políticas del Gobierno, pidieron al presidente Juan Manuel Santos un trato 'político' y no 'militar y represivo' para poder llevar a cabo sus protestas.
'Hemos recibido del Gobierno un tratamiento de guerra (...) Es evidente que no hemos contado con las garantías para el libre ejercicio de la protesta social, y la situación de derechos humanos se agrava cada vez más', dijo en Bogotá a periodistas el portavoz de la Organización Nacional Indígena de Colombia, Onic, Luis Fernando Arias.
Durante la primera jornada de la huelga se produjeron concentraciones en las que participaron 70.000 personas en 27 de los 32 departamentos del país y murió un indígena que protestaba en la aldea de La Delfina, que forma parte de la ciudad de Buenaventura, Valle del Cauca.
El fallecido, identificado como Willington Quibarecama Nequirucama, murió cuando cayó de un viaducto al evitar una tanqueta del Escuadrón Móvil Antidisturbios, Esmad, de la Policía durante unos enfrentamientos entre agentes y manifestantes.
Arias también denunció que otro de los participantes de las marchas fue herido en el brazo izquierdo por las autoridades con arma de fuego.
'A pesar de este tratamiento de guerra nos vamos a sostener y vamos a seguir exigiendo los cambios requeridos para el sector agrario nacional. Somos actores civiles y políticos y no se nos puede equiparar a un grupo armado', aseguró el líder.
La Cumbre Agraria reiteró además su apoyo a las negociaciones de paz que el Gobierno lleva a cabo con las Farc y las que espera iniciar próximamente con el Ejército de Liberación Nacional, ELN.
La protesta se convocó 'frente a los incumplimientos' del Gobierno y la 'profundización de sus políticas neoliberales' que consideran 'han entregado la soberanía a las transnacionales', explicó la Onic.
Asimismo, los convocantes se mostraron en contra de la política minero-energética y 'de las contrarreformas legislativas (...) que atentan contra las libertades'.
Las protestas se extenderán de manera 'indefinida' hasta que se instale una mesa de negociación para garantizar el cumplimiento de promesas gubernamentales de 2014, como el desembolso de 250.000 millones de pesos para un fondo de fomento agropecuario de los que solo se ha entregado el 40 por ciento, según Arias.
Mientras, Santos pidió que quienes se unan al paro agrario respeten la ley y no vulneren los derechos de otros ciudadanos.
'El Gobierno ha sido totalmente respetuoso -eso es parte de nuestro talante- de las protestas sociales, de las movilizaciones, siempre y cuando se hagan dentro de la ley y no vulneren los derechos de otros colombianos', dijo Santos en la Casa de Nariño.
A su vez, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, dijo que el Gobierno está 'dispuesto al diálogo' aunque, advirtió: 'no aceptaremos vías de hecho'.
El ministro mantuvo una videoconferencia con las autoridades civiles y militares de los 32 departamentos del país para revisar la situación de orden público con motivo de las movilizaciones de sectores indígenas y campesinos.
Al finalizar, dijo que la situación es tranquila en la mayor parte de Colombia, si bien 'se está presentando un bloqueo de indígenas Awá entre Pasto y Tumaco', en el departamento de Nariño, 'que ya se está resolviendo sin contratiempos'.
Los sectores campesinos organizaron otras dos huelgas en agosto y septiembre de 2013 y en abril y mayo de 2014, que concluyeron con sendos acuerdos con el Ejecutivo para la celebración de reuniones frecuentes entre representantes del Estado y las diferentes mesas regionales.
