Luego de que la Contraloría General de la República, CGR, revelara que la Secretaría de Salud de Córdoba pagó entre 2013 y 2015 más de 50 mil millones de pesos del Sistema General de Participaciones, SGP, por pacientes y terapias inexistentes, EL HERALDO conoció la resolución en que la Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda suspende los giros al departamento y condiciona la reactivación de los mismos a la apertura de pesquisas internas y al mejoramiento de los mecanismos de control para la asignación de estos recursos de la salud.
El mismo día en que el contralor Edgardo Maya le hizo llegar la comunicación de lo que había pasado en Córdoba con la plata de la salud, la directora de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda, Ana Lucía Villa, ordenó mediante la Resolución 1784 del 17 de junio de 2016 'la suspensión de giros de recursos transferidos a la población pobre no vinculada con subsidio a la demanda y actividades no POS del SGP del departamento de Córdoba'.
Así mismo, la dependencia revisora de la cartera de crédito público inició la actuación administrativa correspondiente, considerando que 'los hallazgos y evidencias aportados por la Contraloría configuran un evento de riesgo sobreviniente al uso de los recursos del SGP, que afecta de forma inminente la continuidad, cobertura y calidad en la prestación del servicio de salud en Córdoba'.
Hasta el 20 de septiembre
Adopta por ello de 'manera cautelar' la 'medida correctiva', ante el 'detrimento patrimonial' por la compra de medicamentos no incluidos en el POS del régimen subsidiado para el tratamiento de enfermedades huérfanas 'sin que existiera un fundamento fáctico o legal'.
Recuerda también la Dirección que el Ministerio de Salud 'manifestó la recomendación de adoptar la medida correctiva de suspensión de giros' a través del Decreto 1068 de 2015, y precisa que esta será adoptada 'cuando su imposición no afecte la continuidad en la prestación del servicio'.
Los asignados
En este sentido, calcula la cartera de Hacienda, para la vigencia de 2016 le fueron asignados a Córdoba por este concepto la suma de 20.498 millones de pesos, y que con corte al 3 de junio de 2016 se habían girado al departamento un total de 8.425 millones de pesos.
Por ello, asegura la resolución, 'la entidad territorial cuenta con recursos suficientes para financiar la prestación de servicios de la vigencia 2016'.
Además, indica que de acuerdo al análisis realizado, 'los recursos con los que cuenta Córdoba son suficientes para garantizar la prestación del servicio hasta el 20 de septiembre de 2016', plazo en el cual si la administración departamental no ha cumplido con una serie de acciones, 'se procederá a iniciar el procedimiento para la adopción de la medida correctiva de asunción temporal de la competencia'.
Investigaciones
El Ministerio de Hacienda indica que la medida correctiva se levantará cuando la entidad, a través de su oficina de control interno, inicie dichas actuaciones administrativas.
La primera deberá ser 'para esclarecer las responsabilidades de los funcionarios que participaron en el proceso de reconocimiento y pago de diagnósticos, tratamientos, medicamentos y procedimientos'.
Así mismo, se ordena iniciar las pesquisas para determinar las responsabilidades de los funcionarios que participaron en la supervisión del contrato y establecer las acciones contra los servidores públicos o particulares que participaron en los hechos.
También contra 'el contratista auditor que avaló los pagos, con la finalidad de establecer la responsabilidad contractual y obtener indemnización de los perjuicios que se ocasionaron', al tiempo que le exige al departamento comunicar a la Procuraduría y Fiscalía los hallazgos de la Contraloría.
Y, finalmente, se ordena a la Secretaría de Salud 'incorporar aspectos básicos para ejecutar de manera practica el sistema de control interno en Córdoba, de forma que se pueda evidenciar la formulación y aplicación de controles razonables a la gestión de la entidad', sobre todo, agrega, en el proceso de reconocimiento y pago de los diagnósticos, tratamientos, medicamentos y procedimientos en cuestión.
Estableció la Contraloría que la Secretaría de Salud de Córdoba habría pagado a la IPS Unidos por su Bienestar S.A.S. un total de 39 mil millones de pesos y a la IPS San José de la Sabana S.A.S 5.750 millones, sin que mediara una EPS sino que los pacientes aparecieron sin afiliación, sin que se verificara la prestación de los servicios y sin fallos de tutela.
EL HERALDO conoció los certificados de Cámara de Comercio de la IPS Unidos por su Bienestar, que luego pasó a llamarse Comunidad Sana, y pasó, además, de representante legal, pero en familia: de Guillermo José Pérez Ardila a su hermano Éder Antonio Pérez Ardila.
Al respecto, una fuente del ente de control fiscal le dijo a este diario que con el primer certificado 'se hicieron los pagos a través de la Tesorería del departamento de Córdoba, cuando el representante legal era aún Guillermo Pérez Ardila'.
Y agregó la fuente que 'una vez agotada la operación de los supuestos recobros, la IPS fue embargada por el Juzgado 4 Civil de Montería, por lo que la IPS cambió de representante legal, asumió el hermano de Pérez Ardila, y cambió de nombre: ahora se llama IPS Comunidad Sana, cambios que en todo caso no han podido evadir el alcance de la justicia porque ya hay dos embargos del mismo juzgado sobre la ‘nueva’ IPS'.
Unidos por su Bienestar, de acuerdo con certificado de Cámara de Comercio del 25 de marzo de 2015, queda situada en la dirección comercial de la carrera 2 número 21-37 del barrio Centro, de Montería, y tiene como dirección principal la carrera 16 número 25-92 en el barrio Costa de Oro de la capital cordobesa. Está matriculada desde el 30 de mayo de 2012 –un año antes de que se registraran las aparentes irregularidades- y aparece con la representación legal de Guillermo Pérez.
Por otro lado, la IPS Comunidad Sana, según el certificado de Cámara de Comercio expedido el 13 de mayo de 2016, evidencia una renovación de la matrícula del 3 de marzo de 2016, los embargos del 30 de noviembre de 2015 y del 1 de abril de 2016, y con el registro del nombramiento del nuevo representante legal, Éder Pérez, el 20 de noviembre de 2015.
