Luego de que los camioneros no asistieran a la cita que se había previsto para el mediodía de ayer, advirtiendo que no se sentarían a la mesa mientras hubiera manifestantes encarcelados, se suspenden por el momento los diálogos con el Gobierno para intentar conjurar el paro de transportadores que ya lleva 32 días haciendo estragos en gran parte del territorio nacional.
Al respecto, el ministro de Transporte, Jorge Eduardo Rojas, indicó que la salida para este paro debe ser negociada e hizo un nuevo llamado a los camioneros para que vuelvan a la mesa.
'El Gobierno cree firmemente en la necesidad de tener una mesa abierta para este diálogo y por eso han sido convocados estos gremios que están en la inmovilización nacional, para encontrar soluciones', dijo el alto funcionario.
Agregó que el equipo de trabajo del Ministerio 'está dispuesto de manera permanente hasta que se solucione el paro'.
Y advirtió en este sentido: 'no más paro indefinido, el país merece una solución pronta para todos', recalcando que han venido trabajando en la revisión de las peticiones del sector camionero, 'buscando alternativas en los temas álgidos como lo son las condiciones económicas (peajes, combustibles y fletes) y chatarrización'.
Finalmente, reconoció que 'el país está en una solución compleja', sobre todo por el desabastecimiento y encarecimiento de diferentes productos.
Las razones
Por su parte, el presidente de la Asociación de Transportadores de Colombia, Orlando Ramírez, dijo a Caracol Radio, horas antes de la cita en el Ministerio, que no asistirían a la reunión porque 'no existen garantías en los sitios de concentración'.
Aseguró al respecto que 'en los últimos días hemos recibido ataques indiscriminados por parte de la Policía Nacional, (…) capturan algunos de los transportadores que están allá y los llevan a judicializar: eso afecta nuestros derechos a la protesta, mientras se mantengan conductores detenidos no volveremos a la mesa'.
Entre tanto, la Defensoría del Pueblo hizo un llamado de urgencia al Gobierno y al gremio de transportadores para que aceleren las conversaciones para superar la parálisis.
El ente del Ministerio Público considera que ante los efectos de la protesta camionera no es posible seguir prolongando las conversaciones, pues las consecuencias en materia de desabastecimiento, alza en los productos de la canasta familiar, restricciones ocasionales de la movilidad e impacto a la economía se han visto reflejados en la vulneración de los derechos para miles de colombianos.
