En el estudio sobre el dengue contratado en La Guajira por $17.584 millones, destapado esta semana por el gobernador (e) Jorge Enrique Vélez por presuntas irregularidades, hay otros hechos tan escandalosos como el cuestionado valor de este proyecto del que no se han visto resultados.
Pagos millonarios por caja menor sin soportes, disminución del personal a contratar para obtener mayores ganancias, giros anticipados que no estaban establecidos en el contrato, no entrega de extractos bancarios a la interventoría y el no pago a la entidad que realizaba esta función forman parte del rosario de irregularidades.
EL HERALDO conoció los informes de la interventoría de la Universidad Nacional y denuncias que ha hecho ante Fiscalía, Procuraduría y Contraloría el ingeniero Boris Corrales, quien formuló el proyecto inicial.
Sobre el contrato del sector de salud o convenio de cooperación 019 de 2014 que ha resultado peor que la enfermedad, firmado en octubre de 2014 en la administración del mandatario departamental José María Ballesteros, el gobernador Vélez dijo que 'si algo está revisado en el país es el tema del dengue' y señaló que con esa plata hubieran atendido a un importante número de guajiros, en especial niños wayuu que siguen muriendo desnutridos. Reveló que encontró que han sido desembolsados unos $3 mil millones.
Vélez remplaza a Oneida Pinto a quien el Consejo de Estado le anuló la elección por no haber renunciado a tiempo como alcaldesa de Albania.
Ocultan documentos
Corrales, quien asegura que el proyecto ‘Investigación sobre determinantes de la carga del dengue e intervenciones para su reducción. La Guajira, Caribe’ fue formulado para que intervinieran varios centros educativos y de investigación internacionales a fin de que se formaran 70 profesionales guajiros en el tema del dengue y el conocimiento se quedara en el departamento, envió una carta a Pinto, el 12 de abril de 2016, señalándole que 'desde el año 2014 se puso en alerta a funcionarios de la Gobernación de La Guajira por los presuntos hechos delictivos que se estaban llevando a cabo en el proceso de formulación, proceso precontractual y dentro del desarrollo del programa'.
Le advirtió, también, que los servidores públicos de la Gobernación, conocedores de los hechos denunciados 'han presentado omisión' frente a lo que estaba sucediendo y, en cumplimiento de sus funciones, no habían tomado decisiones para cuidar los recursos públicos, que en este caso provienen de las regalías.
Corrales denunció ante la Fiscalía una serie de amenazas que, según él, le han hecho por las denuncias que ha instaurado. Por ello, el ente investigador solicitó medidas de protección para él y su familia.
Señala el ingeniero que 'parte de la información solicitada corresponde al presupuesto que fue aprobado, de donde piensan sacar las comisiones para pagar a los funcionarios de la Gobernación en cabeza del señor Ballesteros y sus socios, y a su vez han realizado todo tipo artimañas junto con el representante legal de Olfis –con quien contrató La Guajira el proyecto-, Freddy Díaz Quijano, la señora Ruth Martínez Vega y demás socios'.
Asegura la denuncia que hay documentos que han sido ocultados y usados con fines particulares por los denunciados 'y otros funcionarios de la Universidad de La Guajira' para 'sacar provecho económico, obtener el contrato y posteriormente ocultar los documentos a la interventoría'.
¿Pagos de coimas?
Boris Corrales sostiene que se pretendía el pago de 'coimas', dineros que provendrían de la disminución del personal a contratar. El rubro aprobado para este fin era de $8.354 millones, dice. Y denuncia que pretendían recortar, igualmente, las actividades, como los muestreos en los resguardos indígenas, 'lo que eliminaría los costos de comida, alojamiento, agua, vehículos y otros (…) por $2.328 millones'.
El interés de los dirigentes guajiros involucrados en el proyecto era que les quedara más dinero, según los señalamientos.
En su denuncia, Corrales llama la atención sobre un rubro de materiales, insumos y documentación por $331 millones que no debía existir, pues 'son una donación internacional realizada por parte de una Institución del Gobierno Federal de los Estados Unidos, como lo es el CDC Atlanta, con sede en Puerto Rico'.
Advierte que 'hay que descontar' $216 millones de los arriendos en los nueve municipios participantes por 24 meses, 'ya que se trabajará con los hospitales que se encuentran en los municipios de la propuesta'.
Suspenden interventoría
La Universidad Nacional suspendió desde el 26 de enero de 2015 y durante cinco meses la interventoría al convenio de cooperación 'por mora en el segundo pago' del contrato interadministrativo 002 de 2015, celebrado con la Organización Latinoamericana para el Fomento de la Investigación en Salud, Olfis.
A través de una carta presentada 127 días después de haberse requerido el pago por primera vez, Jorge Caminos, director de la interventoría, le comunicó a la exgobernadora Pinto y a su secretario de Salud, Stevenson Marulanda, la decisión de suspender las labores 'por la ausencia de recursos en razón al incumplimiento del departamento de La Guajira en girar los dineros pactados'.
La interventoría por $1.314 millones iba a desarrollarse en 33 meses, desde el 20 de mayo de 2015 hasta el 20 de febrero de 2018.
Sacaron 9 entidades
En julio 17 de 2015, en el segundo informe de interventoría, la Universidad Nacional advirtió que la forma de entrega de los aportes difería de la que fue presentada en el presupuesto y solicitó los documentos que soportaban la participación de nueve entidades que debían hacer parte del proyecto, pero que no aparecían, alerta que iba en el mismo sentido de la denuncia del ingeniero Corrales de la disminución en la contratación.
Estas entidades eran: Universidad de Santander, Universidad de La Guajira, Universidad Popular del Cesar, Secretaría de Salud de Valledupar, Alcaldía de El Retén, Magdalena; Instituto Nacional de Salud Pública de México, Universidad de Sao Paulo, Universidad de Texas y Universidad del Bosque.
No dan datos bancarios
También encontró el alma máter que documentos del contrato no estaban colgados en internet, como exigen las directrices de Gobierno en Línea; igualmente halló 'inconsistencias en la evaluación financiera y contable' y que en el registro presupuestal del convenio no se registró el pago de la interventoría: el contrato total costaba $18.782 millones y se registró por $17.467 millones.
En una comunicación a la Contraloría, el 3 de marzo de 2016, la Universidad Nacional hizo una solicitud de acompañamiento e intervención al contrato para 'determinar así la posible comisión de hechos de responsabilidad fiscal por parte del anterior secretario de Salud de La Guajira, Gonzalo Araújo Daza, en su calidad de supervisor del convenio (…) y/o por parte de la entidad a su cargo o sus funcionarios y de Olfis, a través de su representante legal, Freddy Díaz Quijano, directamente o a través de funcionarios de esa entidad o de parte de terceros, por el manejo de esta última entidad de dineros de propiedad de la Nación, provenientes del SGR'.
En el documento el interventor advirtió que había pedido los extractos de las cuentas bancarias abiertas para el manejo de los recursos públicos, pero que se los habían negado 'con recursos tan exóticos como que los mismos son documentos privados y que su provisión al interventor generaría graves riesgos de seguridad', o que dicha solicitud se hizo 'ante la inexistencia de soportes y libros contables'.
Gastos sin soportes
Asimismo, la interventoría detalló ante la Contraloría 'presuntas irregularidades en el manejo de los recursos públicos' porque en una visita del 15 de diciembre de 2015 encontró un comprobante que refiere una cantidad de $85 millones trasladados a una caja general, 'que Olfis sustenta como si se tratara de una caja menor, la cual debe indicarse no se ha autorizado para este proyecto' y, lo más grave, la Universidad Nacional denunció que esos recursos 'fueron utilizados sin demostrar contablemente'.
Igualmente, dejó al descubierto que Olfis 'concedió anticipos sin que hubiera contrato en que se estipulara la existencia de los mismos', que se alquilaron vehículos 'sin objetos lícitos' y que contrataron a las fundaciones Baraka y Humanus, pero 'no se evidencia que las actividades contratadas correspondan con las que están dentro del objeto social de las mencionadas sociedades'.
Olfis: 'sí hemos cumplido con el proyecto'
Los representantes de la Organización Latinoamericana para el Fomento de la Investigación en Salud, Olfis, la ONG que lleva a cabo el proyecto, afirman que 'hay mucha desinformación sobre el tema'.
Fredy Díaz Quijano, representante legal e investigador principal del proyecto, y Alexander Rojas, asesor jurídico, dijeron, en entrevista telefónica con EL HERALDO, que esta es una organización 'sin ánimo de lucro' que se dedica a las investigaciones y que tiene una trayectoria, por lo que el proyecto sobre el estudio del dengue en La Guajira fue formulado a partir de investigaciones que ya venían realizándose.
'Debemos aclarar que fuimos escogidos en un proceso totalmente transparente, en el cual, para ser aprobado el proyecto tuvo que pasar por una evaluación en la secretaría técnica de Colciencias y otra de dos paneles de expertos', afirmaron.
Igualmente, indicaron que sí se han realizado las actividades y que de acuerdo a estas se les han girado los recursos. 'Hemos realizado las encuestas, visitas a los hogares, instalado trampas, se ha realizado un curso taller sobre diagnóstico del dengue, se han entregado 13 de los 42 productos convenidos y se firmó un convenio con la Universidad de La Guajira para instalar un laboratorio con el fin de apoyar la investigación', explicaron los representantes de Olfis, quienes dijeron que han generado 60 empleos.
Manifestaron que todo lo que se ha generado podría obedecer a que se presentaron algunas 'dificultades' que se han tenido con la interventoría, la cual, según ellos, 'no estuvo durante cinco meses' al frente de esta responsabilidad. 'Además, hace poco entregaron dos informes, de los cuales no nos enviaron copia, por lo que acudiremos a un derecho de petición para obtenerlos', afirmaron.
