Debido a que Electricaribe dejó de llevar a cabo 83 proyectos de normalización de redes eléctricas a que se había comprometido, negándoles un mejor servicio de energía a 41.274 usuarios de siete departamentos del Caribe, la Contraloría General de la República, CGR, puso la lupa en los contratos suscritos con el Ministerio de Minas y estableció hallazgos fiscales por: $65.732 millones.
EL HERALDO conoció en exclusiva el informe de auditoría al Minminas de la vigencia 2015 –cuando el titular era Tomás González–, el cual fue enviado el 27 de junio pasado al ministro actual, Germán Arce, por el contralor delegado para el sector de Minas y Energía, Ricardo Rodríguez.
Mundo Feliz, en Galapa. La comunidad dice que las obras no han sido terminadas.
Aunque el ente de control fiscal le otorga al Ministerio una calificación de 'favorable' y una calificación de 85,58 puntos, enseguida advierte sobre 'algunas debilidades' y entre las enumeradas destaca las 'fallas en la supervisión de la ejecución de contratos Prone GSC-226-2012, GSC 157-2012 y GSA-106-2011, suscritos con Electricaribe S.A.'. Concluye la CGR que los recursos destinados pagados para la normalización de usuarios 'no cumplieron con el fin definido'.
El Programa de Normalización de Redes Eléctricas, Prone, creado en 2006, consiste en la financiación por parte del Gobierno Nacional de planes, programas o proyectos elegibles, para, fundamentalmente, lograr 'la legalización de usuarios, la optimización del servicio y la reducción de pérdidas no técnicas en barrios subnormales'. El mismo va dirigido a sectores rurales y urbanos de invasión, subnormalidad y desplazamiento.
Cuestionamientos
Entre los 12 hallazgos que establece la Contraloría en la gestión del Minminas, los tres que tienen presunta incidencia fiscal por $65.732 millones corresponden a la asignación de recursos del Prone a Electricaribe.
De hecho, Electricaribe fue la empresa del país que más recursos recibió de este programa: 2011 recibió $46.000 millones y en 2012 estos recursos llegaron a $107.000 millones; mientras que Centrales Eléctricas de Nariño, Cedenar, recibió $13.000 millones en 2011 y en 2012 la suma de $16.000 millones; la Compañía Energética de Occidente (Cauca) $857 millones y Electrocaquetá $1.559 millones.
Advierte en este sentido la CGR que en los contratos Prone entre el Ministerio y Electricaribe 'los giros que realizan las fiduciarias constituidas por el operador de red para la ejecución de los recursos, no guardan una relación con el avance real de las obras de cada proyecto'.
Y frente a la gestión de la cartera energética, determina la auditoría que 'se detectaron debilidades en la supervisión por parte del Ministerio'.
Primer detrimento
En el primer hallazgo, relacionado con el contrato Prone GSC-226-2012, suscrito entre con Electricaribe, por $21.489 millones, la Contraloría establece un presunto detrimento patrimonial de $6.591 millones por 'la pérdida de los recursos destinados a la normalización de usuarios que fueron pagados y girados, que no cumplieron con el fin definido'.
Para el ente de control, la gestión de la empresa y la cartera energética fue 'ineficaz e ineficiente', ya que los recursos, que habían sido asignados 'para garantizar y mejorar la prestación y calidad del servicio como una finalidad esencial del Estado', incumplieron con el objetivo.
Según el contrato, Electricaribe se comprometió a normalizar 7.136 usuarios en Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, Magdalena y Sucre, mediante 38 proyectos de 2012 a 2014, sin embargo, aunque el Ministerio desembolsó el 90% de los recursos, es decir $19.340 millones, la empresa no cumplió con 'energizar el número de usuarios establecidos' ni el Ministerio tomó 'las acciones necesarias que condujeran' a cubrir las necesidades de normalización en el servicio de energía para las comunidades menos favorecidas en estos seis departamentos.
Menos usuarios atendidos
En suma, de 38 proyectos, Electricaribe solo terminó 23 y de 7.136 usuarios que debía atender solo benefició a 3.104 usuarios, es decir, el 44,7% o, en otras palabras, ni la mitad.
Entre estos proyectos sin acabar se encuentran: La Ceiba, en Valledupar, por $562 millones; Villa Nazaret, en Montería, por $767 millones; Uribe Vélez, en Bosconia, Cesar, por $1.256 millones y 2 de Febrero-La Esperanza, en Aracataca, Magdalena, por $1.217 millones.
Como si fuera poco, como ya se venció el contrato que debía conectar a todos estos usuarios a la red de energía eléctrica normalizada, no se puede exigir su cumplimiento 'partiendo del hecho inobjetable que dejaron expirar la vigencia del contrato, esto fatalmente trae como consecuencia la inexigibilidad del cumplimiento de las prestaciones'.
Y la última advertencia es para el Ministerio por 'la omisión del deber de vigilancia, control y cuidado que era predicable de su parte como dueño de los recursos entregados en administración al contratista, tarea que no cumplió, así como tampoco recurrió a los mecanismos contractuales para corregir en oportunidad este estado de cosas'.
Segundo detrimento
En el segundo hallazgo, frente al contrato Prone GSC-157-2012 por $86.072 millones, la empresa debía normalizar el servicio de energía de 34.940 usuarios en Atlántico, La Guajira, Bolívar, Cesar, Córdoba, Magdalena y Sucre, a través de 134 proyectos a realizarse entre 2012 y 2014.
Sin embargo, aunque el Ministerio desembolsó el 90% de los recursos ($77.465 millones), 'se evidenció que Electricaribe solo ha puesto en operación, entendida la ‘puesta en operación’ como usuarios conectados a la red de energía eléctrica normalizada, 75 de los 134 proyectos aprobados en acta Caprone (Comité de Administración del Prone) No. 18 de 2012'.
En otras palabras, de los 34.940 usuarios de siete departamentos costeños por los que el Ministerio pagó con recursos públicos en procura de una adecuada prestación del servicio de energía, solo recibieron dicho beneficio 9.543 usuarios, es decir, el 27,3%. Así, la Contraloría establece un presunto detrimento patrimonial de $46.442 millones.
Más dudas
Otros proyectos cuestionados –no se hicieron, no se entregaron a tiempo o están inconclusos– de acuerdo con la CGR son Villa Mar-Villa Norte, en Barranquilla, por $2.758 millones; Mundo Feliz, en Galapa, Atlántico, por $3.511 millones; John F. Kennedy, en Sabanalarga, Atlántico, por $411 millones y Los Robles-Alianza, en Sabanalarga, por $545 millones.
Además, Primero de Mayo, en Sabanalarga, por $1.059 millones; Ciudad Caribe 3-Don Bosco-Selene, en Soledad, Atlántico, por $5.461 millones; Villa Lozano, en Soledad, por $1.644 millones; y Villa Zambrano-Portal de las Moras, en Soledad, por $2.084 millones.
Igualmente, hacen parte de la lista Villa Estrella-San Francisco, en Cartagena, por $1.976 millones; Los Olivos, en Riohacha, por $615 millones y Pelechua, en Riohacha, por $733 millones.
Y en Santa Marta hay siete: Aeromar, por $1.346 millones; Buenos Aires-La Esmeralda, por $938 millones; Cristo Rey, por $756 millones; Don Diego Rural, por $491 millones; La Paz-Circasia, por $5.081 millones; Los Lirios-Totumo, por $363 millones y Urbanización Villa Aurora, por $503 millones.
Minminas no ejerció controles
En el tercer hallazgo sobre el contrato Prone GSA-106-2011, que le costó al Estado $46.076 millones y el cual tenía un plazo de ejecución hasta el 30 de diciembre de 2015, Electricaribe se comprometió a ejecutar recursos para normalizar 21.707 usuarios en Atlántico, La Guajira, Bolívar, Cesar, Córdoba, Magdalena y Sucre.
En este contrato el ente revisor fiscal estableció un presunto detrimento de $12.699 millones.
La empresa debía realizar 27 proyectos, pero, aunque el Ministerio desembolsó el 100% de los recursos, esta no cumplió con las obligaciones de llevar el servicio de energía al número de usuarios señalado y la cartera de energía no hizo nada para corregir la situación: solo se llevaron a cabo 18 proyectos y de los 21.707 usuarios que han debido beneficiarse, únicamente atendieron 14.862, lo que significa que se normalizó el 68,5% de estos.
Entre los proyectos sin realizar en este contrato se enumeran: Villa Katanga-Villa Katanga 2 Etapa, en Soledad, Atlántico, por $2.503 millones; Villa Merly-La Alianza, en Soledad, por $1.820 millones; San Pablo, en Santa Marta, por $920 millones; Tayrona, en Santa Marta, por $1.069 millones y Urbanización Los Faroles-Villa del Carmen, en Santa Marta, por $2.929 millones.
