José Miguel Narváez, exsubdirector del DAS, fue condenado este martes a ocho años de cárcel por el Juzgado VI Especializado de Bogotá por las ‘chuzadas’ e interceptaciones ilegales a políticos, magistrados y activistas entre 2003 y 2005 desde el extinto DAS.
El exfuncionario fue hallado culpable, entre otras cosas, de crear el grupo G3, de 15 detectives que se dedicaron al espionaje a opositores de izquierda, para amedrentarlos y desprestigiarlos, durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe, contra quien además se compulsan copias para que se investigue su presunta responsabilidad en las 'chuzadas'.
Se lee en el fallo de 209 páginas: '(Narváez) se asoció con funcionarios al interior del DAS para cometer delitos contra miembros de organizaciones defensoras de derechos humanos y periodistas o políticos no afines al Gobierno Nacional de turno; asociación que trascendió del mero acuerdo, pues existe documentación suficiente para determinar que se realizaron seguimientos e interceptaciones ilegales sin orden judicial y utilización de equipos de la entidad para cumplir fines delictivos'.
Se le atribuyen a Narváez, en la acusación por el delito de concierto para delinquir, la coordinación de operaciones contra el Colectivo de Abogados 'José Alvear Restrepo' y la Comisión Colombiana de Justicia, así como contra la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Corte IDH.
Entre las declaraciones que implicaron al exsubdirector del DAS se encuentran las de exparamilitares como Salvatore Mancuso, alias Don Berna, alias Pedro Bonito y alias Ernesto Báez.
Estos ex AUC aseguraron que Nárvaez visitaba los campamentos paramilitares y se reunía personalmente con el exjefe máximo, Carlos Castaño.
Dentro del material probatorio se cuenta además con un dispositivo de memoria que entregó el ex AUC alias HH en el que se halló una lista de nombres de periodistas y defensores de derechos humanos que debían asesinar los paramilitares.
Desde 2009 es investigado el exsubdirector del DAS por su presunta responsabilidad en los asesinatos del periodista y humorista Jaime Garzón, perpetrado el 13 de agosto de 1999 y del senador Manuel Cepeda Vargas, ocurrido el 9 de agosto de 1994; por el secuestro de la exsenadora Piedad Córdoba, el 25 de mayo de 1999, por la entrega de una camioneta estatal a alias Jorge 40 en Barranquilla y por la conferencia '¿Por qué es lícito matar comunistas en Colombia?'.
Narváez, a partir de 1994, fue asesor de altos militares, como del condenado general (r) Rito Alejo del Río -sentenciado por asesinatos paramilitares en Urabá y también mencionado en el crimen de Garzón-.
En su vida pública enseñó guerra política en la Escuela de Inteligencia de las Fuerzas Armadas. Hizo parte de la comisión de empalme del expresidente Uribe y fue asesor de su ministra de Defensa, Martha Lucía Ramírez. Además, trabajó en Fondelibertad y Fedegán.
Fungió como subdirector del DAS de 2002 a 2006, durante la administración del samario Jorge Noguera -condenado por homicidio y concierto para delinquir por sus vínculos con las AUC- y durante la primera presidencia de Uribe.
En medio de su juicio ante la Corte Suprema, Noguera Cotes dijo ante el alto tribunal que el entonces presidente Uribe sugirió a Narváez para que ocupara el cargo de subdirector de ese organismo.
Mancuso calificó a Narváez como 'el instructor ideológico de los jefes paramilitares'. Y alias El Iguano lo señaló de haber convencido a Castaño de que había que matar a Garzón porque 'era un peligro' y también contó que el ex DAS dictaba las charlas '¿Por qué es lícito matar comunistas en Colombia?'.
En el proceso disciplinario por el espionaje estatal ilegal, la Procuraduría, a finales de 2010, lo destituyó e inhabilitó por 20 años, junto a otros ocho exfuncionarios del DAS, la Presidencia y la UIAF, entre ellos el exsecretario general de Uribe, Bernardo Moreno y el exdirector Noguera.
Así mismo, la Fiscalía lo señaló de ser el presunto responsable, en calidad de determinador, del homicidio del senador de la Unión Patriótica, Manuel Cepeda Vargas. Y lo acusó también por el secuestro extorsivo agravado de la exsenadora liberal, Piedad Córdoba, como presunto determinador e instigador.
