El magistrado de la Corte Constitucional Jorge Pretelt no solo deberá enfrentar el proceso por concusión por el caso de Fidupetrol, sino que además deberá responder por otros tres hechos que investiga la Fiscalía General de la Nación.
Pretelt fue suspendido de su cargo por la plenaria del Senado el pasado miércoles, para ser juzgado por haber pedido, al parecer, la suma de $500 millones para revocar una tutela del 16 de octubre de 2014 en la que la sala Penal de la CSJ imponía una multa a Fidupetrol por $22.000 millones.
La próxima semana la Corte Constitucional se reunirá en Sala Plena extraordinaria para abordar este caso y designar, provisionalmente, a un congresista auxiliar para que asuma y ejerza las funciones de Pretelt hasta marzo de 2017.
Sin embargo, ahora el exmagistrado cordobés deberá defenderse fuera de su cargo en la Corte, por lo cual le esperan dos juicios: uno disciplinario por dignidad política, ante el propio Senado; y otro de consecuencias penales ante la Corte Suprema de Justicia.
Otros casos
Frente al escándalo de corrupción en la Corte Constitucional, que resultó con su sanción en el Congreso de la República con una votación de 55 a favor y 5 en contra, Pretelt enfrenta otros señalamientos que actualmente están en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, como una acusación por el despojo de tierras a desplazados de la región del Urabá Antioqueño, otro por intrigas políticas por intentar favorecer al movimiento político independiente Mira en un proceso judicial y supuestamente vínculos con las AUC.
Con respecto al primer cuestionamiento, en marzo de 2015 cuando el togado monteriano desempeñaba funciones como presidente del tribunal se le inició una investigación por la compra, a precios irrisorios, de terrenos en Urabá despojados a campesinos por las AUC.
En ese entonces las denuncias fueron publicadas por Caracol y seguidamente la Fiscalía citó a dos reclamantes de tierras que eran originalmente dueños de esos predios y los tuvieron que vender a Evelio Díaz, alias ‘El Burro’, por la irrisoria suma de $8 millones, bajo la amenaza armada de principios de los años noventa.
Posteriormente, Pretelt Chaljub aparece como dueño de un predio de 243 hectáreas registrado el 14 de junio de 2007 en la Notaría Segunda de Montería. No obstante, esa hacienda corresponde, en realidad, a cinco fincas ubicadas en las localidades de San Pedro de Urabá y Arboletes, Antioquia. Y tres de esas fincas son las reclamadas por las víctimas desplazadas: los predios No hay como Dios, Dos bocas y Alto bonito.
Las dos últimas fueron adquiridas inicialmente por la funcionaria de la procuraduría Martha Ligia Patrón, esposa de Pretelt. Y la primera fue la vendida el 8 de febrero de 2000 en $8 millones.
El predio No hay como Dios fue vendido ocho meses después a la esposa de Pretelt por $3.700.000, es decir, una venta $4.300.000 por debajo del valor inicial. Cinco años después, Patrón le vende el predio a Pretelt en $5 millones.
Estos terrenos que originalmente se denominaban La Corona, pertenecían a Edilberto Villalba y su familia, compuesta por 11 hijos.
El HERALDO registró el 21 de marzo de 2015 una entrevista con Villalba, allí se narraba que 'en un barrio de la margen izquierda de Montería, sumido en la pobreza y esperando la reparación que le prometió el Estado, permanece Edilberto Villalba, antiguo propietario y desplazado bajo la presión armada, de la finca ‘La Corona’, uno de los predios que aparece a nombre del magistrado Jorge Pretelt'.
En aquel diálogo, señaló que 'por una célula catastral me di cuenta que la finca estaba a nombre de Marta Ligia, la esposa de Pretelt, como se ha esclarecido en estos días (marzo de 2015). Yo le vendí la finca a Evelio Díaz y a él le entregué las escrituras, no puedo decir más nada de lo que no tengo conocimiento'.
Edilberto Villalba, dueño de la finca, afirmó a este medio que en ese momento que lo obligaron a vender su propiedad por solo $14 millones, es decir a $200.000 cada hectárea de las 70 que eran de su posesión, de negarse le harían daño a su familia. 'Primero me dieron la mitad de la plata y luego nos dieron la otra parte', mencionó Villalba en aquella ocasión.
En este caso, la Fiscalía aún no ha decidido la situación de la esposa de Pretelt, por eso este proceso todavía se encuentra en etapa de investigación.
Favores al movimiento político Mira
En abril del 2015, el movimiento político Mira fue denunciado por el supuesto pago de $10.000 millones al magistrado para favorecer a este grupo en una investigación que se le adelantó por supuesto lavado de activos y para mantener su personería jurídica.
De igual forma, la denuncia interpuesta por Juan Carlos García mencionaba que Pretelt habría intercedido ante distintos fiscales para favorecer a la líder evangelista María Luisa Piraquive, quien fue investigada por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito con aportes de sus fieles.
Frente a las acusaciones de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, Piraquive testificó que tan solo tenía una casa, un local y un apartamento de su propiedad.
Presuntas relaciones de Pretelt con las AUC
El 20 de abril de 2015, el exjefe político del 'bloque Central Bolívar', en medio de una diligencia de versión libre, alias Erneso Baéz, aseguró que Pretelt tenía una 'estrecha relación' con Vicente Castaño Gil.
Tiempo después, durante una versión libre rendida ante un fiscal de la Unidad de Justicia y Paz, Ernesto Báez manifestó que Castaño habría sido fundamental para vincular al magistrado a una lista de candidatos al Congreso de la República y a la terna al cargo de Fiscal General.
'Pretelt buscó apoyo de Vicente Castaño para darle prelación a su nombre para ser fiscal. Tuve conocimiento de la cercanía del señor Pretelt con Castaño', dijo Báez.
Pretelt Chaljub calificó como un 'mentiroso' al ex jefe político del Bloque Central Bolívar de las AUC, Iván Roberto Duque, alias Ernesto Báez, asegurando que hizo estas acusaciones para recibir beneficios jurídicos por parte de la Fiscalía General de la Nación, a quien calificó como 'el jefe de la Gestapo', en diálogo con La W Radio. Ernesto Báez no puede salir de la cárcel hasta que no le cumpla a Justicia y Paz', manifestó.
Pese a que rechazó estos señalamientos, aseguró que uno de los ternados a ese cargo sí recibió apoyo. Ernesto Báez y Macaco le deben explicar al país el apoyo que le dieron las AUC a la elección de Mario Iguarán Aldana como fiscal general', anunció en ese momento.
Actualmente, el excomandante paramilitar fue llamado a juicio por su participación en los hechos que rodearon la masacre de La Rochela, ocurrida en 1989.
