Con el mismo hermetismo con el que empezó el pasado viernes la cumbre entre el Gobierno y Fenosa, matriz de Electricaribe, se reanudó este lunes la reunión en 'un sitio neutral'.
Según le contaron fuentes de Palacio a EL HERALDO, se esperaría que este lunes, día que se tiene como el final del cónclave y que se agregó a última hora -pues se preveía que los encuentros culminaran el domingo-, se den las conclusiones de la mesa.
El ministro de Minas, Germán Arce, advirtió ayer a través de la red social de Twitter: 'Continuaremos mañana buscando alternativas con @GNF_es para solucionar problema histórico de servicio de energía en #CaribeUnido'.
Así mismo, el sábado pasado, el titular de la cartera minera le exigió al grupo español la capitalización de la electrificadora para garantizar las inversiones debidas en el Caribe: 'exigimos a Gas Natural Fenosa capitalizar Electricaribe para garantizar inversiones que aseguren competitividad en #CaribeUnido', 'trinó'.
Esa capitalización sería de unos 200 mil millones de pesos para solventar la crisis y cancelar las obligaciones que tiene con XM. Además, pide el Ejecutivo la inversión de unos 1,2 billones de pesos para mejorar la vetusta infraestructura eléctrica de la región.
Por su parte, la electrificadora reclama un cambio de modelo en la prestación del servicio de energía eléctrica en el Caribe, para que este sea sostenible, sobre lo que Arce había dicho que el modelo ha hecho crisis y que había que hacerle cambios regulatorios, debido al nivel de concentración de 2 millones 600 mil usuarios en un solo operador, por lo que se analiza la llegada de más operadores para cubrir toda la Costa.
También señala la filial de Fenosa que ascienden a unos 4 billones de pesos las deudas por el no pago del servicio de unos 800 mil usuarios en barrios subnormales, por lo que pidió que se solucione el asunto de la remuneración a estratos 1 y 2.
Y la otra queja de la compañía es que la legislación no le permite cortar el suministro de energía a las administraciones públicas, a pesar de que no se están cancelando las facturas de los servicios públicos, como las del alumbrado público, los colegios, los hospitales y las estaciones de policía, entre otros.