Germán Carlosama, representante del Partido Autoridades Indígenas de Colombia (AICO), se pronunció tras el atroz crimen de la niña Yuliana Samboní y aseguró que, 'de no haber justicia pronta, oportuna, sin dilaciones y sin impunidad en la jurisdicción ordinaria', analizarán la posibilidad de que el caso sea remitido a la jurisdicción especial indígena.
Lo anterior lo argumentó en que 'como pueblos indígenas y en virtud del artículo 246 de la Constitución tenemos facultades para ejercer nuestra propia justicia'.
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El articulo citado por el representante reza: 'Las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de conformidad con sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios a la Constitución y leyes de la República. La ley establecerá las formas de coordinación de esta jurisdicción especial con el sistema judicial nacional'.
En ese sentido, explicó el congresista: 'Por tratarse de una víctima indígena, de una niña de las nuestras' se podría imponer, en una audiencia 'que no duraría mas de 5 días', una pena de hasta 60 años de prisión.
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A juicio de Carlosama, Rafel Uribe Noguera, principal sospechoso del homicidio de la menor, es un 'demente' y 'psicópata' que 'ha acabado con la esperanza de esta niña'.
Por lo anterior, hizo un llamado a las demás organizaciones indígenas para que alcen su voz de rechazo en este caso. 'También hacemos un llamado a las organizaciones internacionales para que nos hagan acompañamiento', puntualizó.
