Para el próximo martes a las 8 de la mañana está programada la audiencia en que la Fiscalía, por segunda ocasión, solicitará contra Francisco y Catalina Uribe Noguera la medida de aseguramiento consistente en restricción para salir del país, en medio del caso que se sigue por el aparente favorecimiento del secuestro, tortura, violación y asesinato de la pequeña Yuliana Samboní.
La nueva petición se produce luego de que la exfiscal del caso, Adriana Alarcón, fiscal 121 de Vida de Bogotá, se abstuviera -por razones que son materia de pesquisa- de solicitar hace un par de días al juez 65 de garantías de la capital la medida que había sido acordada en un comité jurídico en la Fiscalía General de la Nación contra los poderosos Uribe.
El viernes pasado, Francisco y Catalina Uribe Noguera no aceptaron el cargo de favorecimiento de homicidio de la pequeña Yuliana Samboní, secuestrada, torturada, violada y asesinada por su hermano, Rafael Uribe Noguera, en hechos perpetrados el pasado 4 de diciembre en la capital del país.
Sorprendió que en la audiencia de imputación, que se cumplió desde las 6 hasta las 9 de la mañana, la Fiscalía no pidiera la medida de aseguramiento de restricción para salir del país contra los hermanos.
El Ministerio Público apeló la decisión del organismo acusador de no pedir al menos medidas cautelares de restricción para ir al extranjero y un juez de segunda instancia definirá el asunto.
Ante ello, además, el fiscal general Néstor Humberto Martínez relevó a la fiscal del caso este mismo viernes y pidió una investigación en su contra en la judicatura.
Señaló además que 'la fiscal del caso se apartó de la decisión del comité técnico jurídico, retirando la solicitud de medida de aseguramiento que se había previsto e inclusive contra el concepto del Ministerio Público. Esta decisión fue adoptada de manera inconsulta y contraria a sus deberes legales'.
Ante lo que el fiscal general relevó a la fiscal 121 de Vida y nombró a María Lorenza del Castillo, fiscal especializada del despacho de la Vicefiscal General de la Nación.
Además, indicó el ente de control penal en ese momento, 'por virtud de la actuación del día de hoy de la fiscal de conocimiento se ha dispuesto la compulsa de copias para que se valore la irregular conducta de la fiscal'.
Luego de no acogerse a sentencia anticipada, lo que les hubiera significado a ambos una rebaja del 50 por ciento de la pena, que podría ser hasta de 6 años de prisión, perdieron los Uribe ese beneficio.
Entre las pruebas que exhibió la fiscal del caso se contaron varios informes de investigadores de los Estados Unidos, que evidenciarían que las versiones que dieron los fraternos no coincidirían con los hechos.
El ente de control penal presentó, del mismo modo, evidencias que demostrarían que los Uribe emprendieron aparentemente una serie de acciones distractoras para entorpecer las labores de las autoridades.
Para la Fiscalía, los imputados habrían torpedeado la acción de los investigadores que buscaban a la pequeña de 7 años y ambos sabían que la niña estaba en el apartamento de su hermano.
Puso de presente además el organismo investigador los hechos como ocurrieron el domingo 4 de diciembre: el Gaula contactó a Francisco Uribe hacia el mediodía y le dijeron que en una camioneta a su nombre habían secuestrado a la menor horas antes.
Luego de dos horas, Uribe les dijo a los agentes antisecuestro que la camioneta la tenía su hermano, Rafael. Y no fue sino hasta las 7 de la noche cuando, supuestamente en el taxi en que llevaba a su hermano a la clínica, con una aparente sobredosis de cocaína, les dijo a los uniformados que Rafael le había confesado lo ocurrido.
Sin embargo, en el registro del edificio Equus 66, donde fue hallado el cadáver de la pequeña, aparece que tanto Francisco como Catalina ingresaron al apartamento 603, donde ocurrieron los hechos, hacia las 3 de la tarde.
El cuerpo de la niña fue hallado luego untado de aceite y con la ropa de la menor escondida. Lo que es tenido por las autoridades como presuntas maniobras de encubrimiento de los rastros del crimen.
Además, los Uribe Noguera les habrían dicho a los agentes de las pesquisas que encontraron a su hermano bajo el influjo de las drogas y el alcohol. No obstante, Medicina Legal estableció que el consumo de cocaína y aguardiente habría ocurrido luego de perpetrados los hechos. Lo que podría asumirse como un intento para evitar la judicialización de Rafael Uribe Noguera, quien de hecho permaneció en la clínica un par de días antes de ser presentado ante la justicia.
De igual forma, pesa entre las evidencias el análisis de las llamadas que habrían hecho el abogado Francisco Uribe y la arquitecta Catalina Uribe, al parecer, a abogados para comentarles el caso de su hermano. Igualmente, se estudiaron los desplazamientos que hicieron ese día y que no encajan con sus versiones.
También se incluye la declaración del taxista que llevaría a los Uribe a la clínica.
La semana pasada, además, la Embajada de los Estados Unidos, alertada por la Fiscalía, suspendió la visa a los Uribe Noguera, quienes pretendían viajar a ese país el pasado 25 de diciembre. Esta situación habría precipitado además la imputación del viernes contra los fraternos.
