La Contraloría General de la República remitirá a la Corte Constitucional un informe que realizó sobre la 'preocupante' situación de 29 establecimientos de reclusión en 12 departamentos del país, entre los que se encuentran cárceles de Barranquilla, Cartagena y Montería.
De acuerdo al ente de control fiscal 'se han agravado situaciones atentatorias de los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad, como el hacinamiento, la no separación de sindicados y condenados y la deficiente prestación de servicios de salud y alimentación, entre otras'.
Entre la cárceles con problemas están: E.P.M.S.C. Bellavista y COPED - El Pedregal en Medellín, EPAMSCAS Popayán, E.P.C La Paz - Itagüí, COMEB - La Picota - Bogotá, E.P.M.S.C y EC Justicia y Paz Barranquilla, EPMSC Cartagena, EPEMS-TUNJA, E.P.M.S.C. Manizales - RM Manizales, E.P.A.M.S - PC-ERE La Dorada, EPMSC Montería, EPMSC-RM Villavicencio, EMSC-RM de Pasto, Complejo Carcelario Metropolitano de Cúcuta y EPMSC Barrancabermeja, San Vicente de Chucurí y Bucaramanga.
'La Contraloría evidenció que se está incumpliendo la fórmula de equilibrio decreciente implementada por la Corte Constitucional en su Sentencia T-388 de 2013, pues continúan siendo mayores los ingresos de reclusos que las salidas de los mismos', advierte el organismo en el documento.
Asimismo, indicó el ente de control que pesar de la cobertura en atención en salud en todos los establecimientos visitados que presta el Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL 2015, se evidenciaron de manera generalizada situaciones como deficiencias en la provisión de medicamentos para dispensación, insuficiencia de personal médico proporcional a la población destinataria y ausencia de equipos e insumos para atención de urgencias vitales en área de sanidad.
De igual forma, anota el informe, 'se determinó que hay represamiento y aplazamiento en procedimientos y remisiones para atención en red externa, así como subutilización de los equipos de fisioterapia de propiedad de los establecimientos carcelarios'.
Pudo establecer además la Contraloría que sólo los establecimientos de menos de 10 años de construcción cuentan con áreas de comedor, lo que lleva a que en los restantes casos se deban consumir alimentos en el piso, y en otros casos, conforme lo denunció la población destinataria, los contratistas de alimentación cambian sin autorización ni previo aviso los menús contratados.
Finalmente, advierte el documento que 'algunos de los establecimientos presentan graves deterioros en su estructura, que acarrean riesgo de colapso, como es el caso del E.P.M.S.C. Bellavista - Medellín'.
