Luego de que la fiscal 48 anticorrupción, Martha Borda, imputara este sábado durante casi tres horas al alcalde Riohacha, Fabio Velásquez, y a su secretaria de Educación, Dilcey Acosta, los delitos de peculado por apropiación, contrato sin cumplimiento de requisitos y falsedad en documento público, los funcionarios decidieron no allanarse a los cargos.
Velásquez y Acosta fueron capturados en su despacho el pasado viernes, en medio de presuntas irregularidades en un contrato del Programa de Alimentación Escolar, ejecutado en la capital guajira durante 2016.
A su llegada este sábado a los juzgados, a eso de las 2 de la tarde, el burgomaestre de Cambio Radical, esposado junto a su secretaria, dijo a los medios de comunicación: 'soy inocente, nos vamos a defender bien'.
Enseguida, el juez 81 de control de garantías de Bogotá, Freddy Molina Urrego, instaló a audiencia y la fiscal arrancó anunciando: 'el alcalde de Riohacha y su secretaria están siendo presentados en Bogotá y no en la ciudad de los hechos, con el objeto de garantizar la imparcialidad del juzgado'.
Reiteró la representante del ente investigador que Velásquez suscribió el convenio 002 del 19 de febrero de 2016, por $5.717 millones, para niños de zonas urbanas, rurales e indígenas de la capital de la península. El plazo de ejecución era de 10 meses, del 23 de febrero al 23 de noviembre, y la supervisora del contrato era la secretaria de Educación.
'Se contrataron 4.807 almuerzos escolares para 143 días escolares, por $900 millones. Y se contrató el complemento alimentario para 16 mil niños por $3 mil millones, para 175 días escolares', dijo. Al momento de enumerar las presuntas irregularidades, reportó Borda que el distrito de Riohacha, en el convenio, 'inobservó obligaciones estipuladas en la contratación pública'. Y agregó que 'la misma secretaria reconoció que los niños, de estratos uno y dos, estaban en alto grado de desnutrición'.
Lo primero que se señaló por parte de la parte acusadora fue que hubo tres proponentes en el convenio, y el tercero, Asocar, el del presente contrato, 'se presentó de manera extemporánea, y sin embargo ganó el contrato'. Además, señaló, el número de alumnos era distinto a la propuesta: 'se hablaba de 43.328 niños, cuando en realidad eran 16.630'.
Así mismo, describió la fiscal un rosario de graves anomalías: 'los alimentos se entregaban en regular estado, no eran aptos para el consumo humano, no se almacenaban debidamente, no había luz ni agua, las porciones eran insuficientes, los alimentos no alcanzaban para todos los niños'.
Para tasar el peculado, de $1.176 millones, Borda indicó: 'la Alcaldía de Riohacha desembolsó a octubre 31 de 2016 un total de $3.269 millones. Es decir, ese día en la cuenta corriente del convenio solo había $567 mil. Lo que significa que los recursos aportados por el distrito fueron usados por Asocar, y no se registró ninguna devolución a la Alcaldía'.
De otro lado, advirtió que hubo duplicidad de nóminas para 125 manipuladoras: 'aparecía que les pagaban $425 mil a cada una, cuando en realidad les pagaban $125 mil'.
Y puso de presente que, luego de que el organismo de control penal empezara a hallar inconsistencias en la ejecución del convenio, 'se suscribieron dos modificatorios en octubre para tratar de justificar las irregularidades que iba encontrando la Fiscalía'.
Concluyó entonces la fiscal: 'todo esto tuvo complicidad de los funcionarios públicos de la Alcaldía de Riohacha'.
Legalización de captura
En la madrugada del sábado, el juez había impartido legalidad a la detención del mandatario de la capital guajira y a su secretaria de Educación.
La defensa del alcalde, María Velandia, pidió que se adelantara inicialmente la legalización de captura del mandatario local porque estaba 'cansado', y que se dispusieran las diligencias de imputación y solicitud de medida de aseguramiento para el mismo sábado al mediodía.
La solicitud fue coadyuvada por la defensa de Acosta, en cabeza de Rafael Suárez.
En su primera solicitud, la fiscal 48 anticorrupción reveló que 'una vez capturado el alcalde, en el despacho de la Fiscalía se presentó su esquema de seguridad y pidieron la orden de captura, presentándose un altercado'.
Y agregó que 'posteriormente llegaron unas 100 personas queriendo impedir el traslado del alcalde. Por ello, pedimos ayuda al Gaula, al Ejército y a la Policía. Finalmente, confundimos a los manifestantes con dos caravanas militares. Una salió al aeropuerto de Riohacha, y los seguidores se fueron tras ella, y nosotros nos fuimos a Santa Marta por tierra, de donde abordamos el avión a Bogotá'.
De hecho, pasadas las 11 de la noche, al juzgado capitalino llegó una procesión formada por una veintena de allegados del alcalde, pero la Policía solo dejó entrar a unos cuantos a la diligencia.
En la tarde del viernes, el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez había revelado: 'evidenciamos que la alimentación no estaba llegando a los niños'.
En medio de ese proceso, agregó, 'hemos encontrado presuntas irregularidades por $1.176 millones, ya que el convenio, en un 20%, no llegó a los niños'.
En los hechos están involucrados otros funcionarios y particulares, cuyas capturas están en proceso, le dijo por otra parte una fuente del ente investigador a este diario.
'El contrato fue celebrado entre el alcalde y Saúl Beltrán, representante de la Asociación Social del Caribe', indicó el fiscal.
