Desde la Organización de las Naciones Unidas (ONU) llegó la orden al Gobierno Nacional de brindar protección inmediata a los familiares del asesinado exdirector de regalías de Córdoba, Jairo Zapa Pérez. La decisión de la ONU llega como respuesta a una solicitud de medidas cautelares y protección elevada ante el Comité contra la Desaparición Forzada por el abogado Jaime Granados Peña en abril de 2014.
La orden específica de la ONU a Colombia es: 'adoptar de inmediato todas las medidas de protección que sean necesarias para garantizar la seguridad de la familia y allegados del señor Zapa Pérez, incluyendo su padre, su madre y sus hermanos, de conformidad con las obligaciones convencionales del Estado parte de conformidad con el artículo 12 de la Convención'.
Asimismo, se requiere al Gobierno para que convoque de manera 'urgente' a los familiares de Zapa en aras de 'realizar, con su participación directa, una evaluación actualizada y real de su situación de riesgo'.
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Además, el Comité pide que se les brinde a estas personas las medidas de protección que requieran para asistir a las audiencias del proceso penal en Montería.
El cadáver de Zapa fue hallado el 6 de agosto de 2014 con aparentes signos de estrangulamiento en una fosa común en inmediaciones de una finca de Alejandro Eugenio Lyons de la Espriella, padre de Alejandro Lyons, gobernador de Córdoba, en zona rural de Pueblo Nuevo, en la subregión del San Jorge.
En su momento, los investigadores del caso sostuvieron que su muerte estaría relacionado con un 'carrusel' de contratos con injerencia en varios departamentos de la Costa.
Sin embargo, sobre este punto el Comité se mostró preocupado y llamó al Gobierno a que adelante las investigaciones para esclarecer todas las circunstancias de la muerte de Zapa y todas las responsabilidades involucradas directa o indirectamente en el caso.