El fiscal delegado ante la Corte, José Vicente Valbuena, le imputó al ingeniero Andrés Cardona Laverde, tercer capturado por el escándalo de los sobornos de Odebrecht, los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer.
Valbuena señaló ante la jueza 22 de control de garantías de Bogotá que la Fiscalía le imputa tres hechos jurídicamente relevantes.
'El primero por el contrato 1115 de 2009, del túnel Tunjuelo-Canoas, suscrito con el Acueducto de Bogotá', en el que 'usted, actuando como interviniente, en conjunto con el gerente Jorge Pizano, el gerente del sistema maestro Julián Montoya y el director de contratación Jaime Díaz, y otros funcionarios del acueducto, se interesaron del provecho del Consorcio Canoas, integrado por Odebrecht'.
Dicho contrato se suscribió el 30 de diciembre de 2009 por 243 mil millones de pesos, y luego se adicionaron 9.700 millones.
Agregó el fiscal que 'usted concurrió a la conducta recibiendo instrucciones de Iván Moreno -exsenador preso por el 'carrusel' de la contratación-, y se encargó junto con Emilio Tapia de seleccionar al contratista al que se adjudicaría la obra para lo que viajaron a la ciudad de México, y ante la imposibilidad de que ellos se presentaran, usted le consulta a Emilio Tapia que tiene a otras personas que debían pagar los sobornos respectivos para ser los adjudicatarios'.
Los Moreno Rojas, Iván y Samuel -este último exalcalde de Bogotá y también encarcelado por el 'carrusel'-, recibieron 1.000 millones de pesos en sobornos, dijo el fiscal.
El tercer hecho, describió el investigador, fue que 'coordinó con Orlando Fajardo, posterior subcontratista, y el abogado Manuel Sánchez recibió 400 millones para que se retirara de la puja una de las empresas'.
Luego, narró, 'el Consorcio Canoas subcontrató a ACC Ingeniería, del cual usted era socio'.
En ese subcontrato, advirtió Valbuena, 'hubo sobrecostos por 664 millones de pesos, un 35 por ciento más del valor total del contrato'.
Por lo que, concluyó, 'usted, con su actuación, lesionó la administración pública al participar en el interés indebido de los funcionarios del acueducto', y puso de presente además que la obra en cuestión era de gran importancia, ya que 'implicaba la descontaminación del río Bogotá y, adicionalmente, el cumplimiento de una orden del Consejo de Estado'.
Cuando le preguntaron al ingeniero si se allanaba o no a los cargos, este pidió un plazo para decidir, por lo que la jueza suspendió la audiencia y citó para este miércoles a las 2 pm.
