El procurador general de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, declaró insubsistentes a los 32 procuradores regionales del país luego de evaluar las quejas que se han presentado por supuestas irregularidades que habrían cometido algunos de estos funcionarios de las seccionales y en medio de una cruzada por la reestructuración al interior de la entidad.
Carrillo expuso que él y sus asesores buscan que los directores de las seccionales cumplan con los requisitos para el cargo, que hayan reportado el rendimiento debido y constatar denuncias acerca de supuestas presiones para adoptar decisiones disciplinarias.
Una fuente oficial dijo a esta casa editorial que en los despachos del ente de control disciplinario se encuentran las 32 insubsistencias, despachadas rápidamente para evitar que los delegados se afilien al sindicato o se incapaciten para mantenerse en su cargo.
Por ello, el jefe del Ministerio Público ha nombrado en encargo a varios funcionarios mientras se da el proceso para nombrar en titularidad, sobre todo, a los directores seccionales de Bolívar, Santander, Norte de Santander, Quindío, Risaralda, Antioquia, Bolívar y Valle del Cauca.
Esta interinidad en las regionales, de acuerdo al plan de modificación, se mantendrá al menos hasta el próximo 1o. de marzo.
Vale recordar que algunos de los funcionarios bajo la lupa corresponden a jefes departamentales que habían sido nombrados por el polémico antecesor de Carrillo, el destituido Alejandro Ordóñez, cuya reelección fue anulada por el Consejo de Estado en 2016 por prácticas anómalas relacionadas con el 'yo te elijo; tú me eliges' con magistrados de las altas cortes.
Además, se trata de cargos de libre remoción y escogencia, lo que quiere decir que el jefe del Ministerio Público actual dispone de estas sillas en cualquier momento.
Finalmente, desde la Procuraduría se ha conocido que en los próximos días se conocerán más modificaciones en el ente de control, antes en manos del conservador Ordóñez, opositor del proceso de paz con las Farc y ahora conducido por el liberal Carrillo, que ve con buenos ojos el desarme de la guerrilla y quien le abre paso al Ministerio Público en el Legislativo para que tenga asiento cerca a los estrados de la Jurisdicción Especial de Paz, JEP, instancia que juzgará a los rebeldes desmovilizados.
