El fiscal general, Néstor Humberto Martínez, anunció que llamaron a declaración al director del Fondo de Adaptación, Iván Mustafá, 'para que informe la relación que tendría con las circunstancias que rodearon la adjudicación del contrato de la APP del Río a Navelena -en la que el socio mayoritario es Odebrecht- y la concepción de un otrosí al mismo, promovido por el Fondo de Adaptación, relacionado con la Exclusa del Canal del Dique'.
Además, informó que las pesquisas por la adjudicación de este contrato se llevan a cabo mediante un equipo de investigadores de nacionalidades colombiana y ecuatoriana, por virtud de acuerdo suscrito el 22 de febrero de 2017 entre la Fiscalía General de la Nación de Colombia y la Fiscalía de Ecuador.
Indicó Martínez que 'la hipótesis investigativa relaciona la adjudicación de este contrato a Navelena, con la adjudicación del contrato del metro de Quito'.
Agregó que la Fiscalía General de la Nación y la Superintendencia de Industria y Comercio servirán como peritos forenses respecto de información proveniente de Ecuador que reposa en computadores incautados y que darían cuenta de hechos que conciernen a esta investigación.
Y anunció que los equipos investigadores de Colombia y Ecuador tienen previsto llevar a cabo una nueva reunión de trabajo en la semana del 20 de marzo.
De otro lado, con respecto al préstamo de 120 mil millones de pesos del Banco Agrario a una quebrada y emproblemada Odebrecht, a través del consorcio Navelena, dijo que el proceso se inició a propósito de la denuncia penal interpuesta por el ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, 'por las modificaciones realizadas a las condiciones previas al desembolso del crédito otorgado, condiciones que habían sido fijadas por la Junta Directiva del banco oficial'.
Informó en este sentido que con base en el análisis de información realizado por la Policía Económica Financiera de la Fiscalía General de la Nación, se han llevado a cabo 12 diligencias de declaración jurada y una de interrogatorio, a funcionarios del Banagrario.
Precisó que la imputación prevista para el próximo 15 de marzo contra Alejandro Jiménez, vicepresidente comercial del Banco Agrario para la época de los hechos, como posible autor del delito de falsedad ideológica en documento público, 'se fundamenta en la circunstancia de que certificó el cumplimiento de los requisitos establecidos por la Junta Directiva, con el fin de viabilizar el desembolso del crédito a favor de Navelena, a pesar de que el contrato de fiducia que habría de servir de garantía no fue previamente modificado, con miras a asegurar que el patrimonio autónomo respectivo honrara el pago de la deuda en caso de mora, a pesar de corresponder a una condición para el desembolso'.
Y anunció por último que las indagaciones avanzan para establecer si en los hechos que se investigan se encuentran comprometidos otros directivos del banco.
