La Fiscalía Seccional Atlántico buscará poner punto final a 537 casos, todos de delitos menores, cuyos términos vencieron dado que los jueces no habrían programado a tiempo las audiencias.
En un primer barrido que se hizo a las 93.000 carpetas existentes en la Seccional Atlántico, donde se archivan los casos, el ente investigador determinó que en 537 de ellos ya se había extinguido la acción penal de Estado.
Se trata de procesos de los denominados 'delitos menores', pero que tienen alto impacto en la sociedad, como hurto, extorsión, daño en bien ajeno, estafas menores (hasta $105 millones) y calumnia, entre otros.
El procedimiento se hace en el marco de la próxima entrada en vigencia de la Ley 1826 de 2017 o ley de procedimiento abreviado, conocida también como de pequeñas causas.
Con esta normativa, sancionada en enero pasado, se busca judicializar prontamente a quienes hayan cometido los delitos referidos: las audiencias del proceso penal pasan de ser cinco a apenas dos.
Es así como se busca que condenas que se podían demorar hasta 3 años en proferirse, en teoría podrían darse en solo seis meses.
Sí bien esta ley descongestiona a la Fiscalía, desde la entidad señalan que se vuelve una bomba de tiempo para la Rama Judicial, en la que presenta un auténtico cuello de botella al tener que atender los casos más prontamente, pero con los mismos jueces y personal administrativo.
'Solo hay tres jueces penales de conocimiento con una carga de 21.000 procesos', advirtió recientemente Ángela María Bedoya, directora de la Fiscalía Seccional Atlántico, en diálogo con EL HERALDO.
Varios de los recientes paros de la Rama Judicial han tenido que ver, según los mismos funcionarios, con la falta de nombramiento de más jueces para reducir la carga de procesos represados, que el Consejo Superior de la Judicatura estimó en 1,6 millones para el 2015.
