En la demanda presentada contra Colombia el pasado 21 de marzo por la española Gas Natural Fenosa (GNF, dueña de Electricaribe) ante un tribunal de la ONU, la empresa pide que el Estado le pague hasta los abogados que contrató para el litigio. Además, llama 'cínico’ al Gobierno, asegura que ningún operador querrá a Electricaribe, dice que los cargos de la Contraloría y la Fiscalía contra la multinacional son 'falsos' y asegura que el propio Ejecutivo reconoció que 'no hubo mala administración' de la compañía.
Al final de la argumentación, la multinacional concluye que Colombia ha incumplido el tratado entre las partes en lo que tiene que ver con una 'expropiación', ya que se ha dado la 'violación del debido proceso, de manera discriminatoria, y sin proporcionar una indemnización rápida, adecuada y efectiva'.
Así mismo, indica que el Estado ha violado la disposición de un 'trato justo y equitativo', 'al no conceder a Gas Natural inversiones ‘justas y tratamiento equitativo’ en todo momento', y al aplicar medidas que 'no proporcionan un marco regulatorio estable, equitativo, transparente, y un marco regulatorio predecible; y son arbitrarias, opacas, discriminatorias y desproporcionadas'.
Además, advierten que Colombia 'no ha garantizado que la inversión de Gas Natural reciba protección y seguridad. En particular, las omisiones de las autoridades locales han causado una situación en la que el fraude, la morosidad, así como las amenazas y los actos de violencia contra la compañía, han traído impunidad'.
Por ello, redondean que 'los daños y perjuicios cuantificados en el curso del arbitraje, pero sobre la base de valoraciones preliminares, arrojan que las pérdidas y daños de los reclamantes superan la suma de mil millones de dólares'.
Y solicitan al tribunal ordenar a Colombia 'efectuar la restitución de la inversión a los demandantes y, en su defecto, compensar totalmente a las demandantes por todas las pérdidas sufridas e incumplimiento por parte de Colombia del tratado'.
Además, piden al Estado 'pagar, con plena indemnización, todos los costos y gastos de estos procedimientos de arbitraje, incluyendo, sin limitación, los honorarios y gastos de los miembros del tribunal; en relación con la representación legal de los reclamantes (incluidos los honorarios y desembolsos); y de los expertos o consultores nombrados por los demandantes o el tribunal'.
Finalmente, GNF anuncia que en cualquier momento podrá cambiar o ampliar lo que consigna en la demanda: 'los reclamantes se reservan el derecho de modificar, completar o ampliar los hechos, los argumentos y las pruebas presentadas en el presente anuncio en el transcurso del procedimiento arbitral'.
Colombia llevó a la asfixia financiera a Electricaribe
Desde la introducción de la demanda, advierte la empresa que 'la compañía requirió a Colombia medidas correctivas necesarias para salvaguardar su operación, una evaluación continua y una revisión de la legislación aplicable'.
Se duelen en este sentido de que 'aunque en diciembre de 2014 Colombia discutió con Gas Natural y Electricaribe un plan de acción para superar las deficiencias regulatorias, nunca implementó plenamente ese plan, permitiendo que la inversión de los demandantes no tuviera efecto'.
Acusan por ello al Estado de negarse a la aplicación de tales medidas y concluyen que todo esto llevó a la debacle financiera: 'la negativa de Colombia a tomar medidas correctivas y su decisión de no implementar el plan de acción de 2014 fue el producto de una cruzada política desenfrenada: más que tomar la impopular corrección arancelaria y las medidas de ejecución que por ley Colombia tenía, obligó a la empresa suministrar electricidad en la región a un número considerable de clientes -incluidas las entidades públicas- de forma gratuita. El resultado previsible fue la asfixia financiera de la compañía'.
Las propuestas de GNF contra la 'morosidad'
Propone la empresa las siguientes medidas 'para combatir la morosidad de pagos y el fraude eléctrico': Primero, señalan que se debe 'armonizar la regulación legal para permitir la recuperación efectiva de los fondos adeudados aElectricaribe por electricidad consumida pero no facturada por fraude'.
Así mismo, 'iniciar las investigaciones (…) que prevén el despido de funcionarios públicos que no obtengan los créditos necesarios y/o no paguen el servicio de electricidad'.
Además, el 'restablecimiento por ley de los poderes de ejecución anteriormente existentes, concedidos a empresas de servicios públicos'.
La 'modificación de los protocolos de protección policial para el mantenimiento de las redes eléctricas y la suspensión de los servicios'.
De igual forma, 'nombramiento de fiscales especializados y agentes de policía judicial para la investigación del fraude eléctrico'.
Una 'estrategia para dar prioridad y monitorear los procedimientos para garantizar que sean procesados adecuadamente'.
Del mismo modo, la 'organización de seminarios de formación para fiscales y agentes de policía por fraude de electricidad'.
La 'facilitación de los procedimientos de conciliación por procedimientos criminales'.
Y el 'despliegue de campañas publicitarias para disuadir el fraude eléctrico'.
'Ningún operador querrá a Electricaribe'
Asegura GNF que únicamente tras la intervención, fue que los funcionarios públicos instaron a los ciudadanos a no robar electricidad y a pagar sus cuentas.
'Irónicamente, desde que Electricaribe fue intervenida, Colombia parece haber despertado a la realidad de pagar el precio de la electricidad que estaban obligando a Electricaribe a proporcionar de forma gratuita. Solo unas pocas semanas después de la toma de control, funcionarios públicos comenzaron a instar a los usuarios a no robar electricidad y a pagar sus cuentas a tiempo', aseveran.
En este sentido, agregan que 'ahora que el Gobierno está consciente de la grave situación, ha obligado a los funcionarios a reconocer el alcance del problema que han generado o tolerado, así como la amenaza que representa para la viabilidad de la empresa'.
Y concluyen que 'ningún operador querrá hacerse cargo de Electricaribe bajo las condiciones actuales'.
'Cargos contra Electricaribe son falsos'
Aunque no mencionan concretamente que la Contraloría, como reveló este diario en su momento, estableció hallazgos fiscales por más de 65.000 millones de pesos debido a que Electricaribe dejó de llevar a cabo entre 2014 y 2015 83 proyectos de normalización de redes eléctricas (Prone) a que se había comprometido, negándoles un buen servicio de energía a 41.274 usuarios de siete departamentos, aseguran que 'el Gobierno ha hostigado a Electricaribe y a sus accionistas con cargos falsos'.
Así, mencionan: 'El 17 y 30 de agosto de 2016, el Ministerio de Minas inició ocho procedimientos administrativos contra Electricaribe, imponiendo multas por deficiencias en el Prone y Faer, por 32 contratos celebrados con el Gobierno en 2014'.
Igualmente, la emprenden contra las investigaciones anunciadas por la Fiscalía contra la empresa, y aseguran que estas se dieron para 'hostigar' a la compañía tras la intervención y llevarla a la liquidación.
'El 16 de noviembre de 2016, un día después de que el Gobierno interviniera a Electricaribe, y anticipando la acción legal de Gas Natural, el fiscal general convocó al Sr. José García Sanleandro, exgerente de la compañía, y al Sr. Benjamín Payares Ortiz, gerente de operaciones, para declarar en un proceso penal', escriben en la demanda.
Y citan el llamado del ente de control penal: 'según la convocatoria, los sres. García Sanleandro y Payares Ortiz fueron llamados a presentarse en relación con ‘posibles irregularidades en la ejecución de los contratos celebrados en su calidad de representantes legales de Electricaribe, con recursos aportados por el Ministerio de Minas y Energía’. Los acontecimientos de la denuncia penal contra Electricaribe de 2013 tuvieron lugar en 2012. Sin embargo, la Fiscalía sólo ‘priorizó’ el caso en noviembre de 2016, el mismo mes en que la Superintendencia de Servicios anunció la intervención'.
'Gobierno es cínico'
Asevera la dueña de Electricaribe que el Gobierno no ha querido subsidiar a la población de escasos recursos: 'Hasta ahora, el Gobierno no ha estado dispuesto a proporcionar tarifas o subsidios suficientes para que los clientes más pobres mejoren la calidad del servicio. Aunque el Gobierno citó la mala calidad de los servicios y la falta de inversiones, reconoció que sin estas inversiones, la compañía no puede mejorar independientemente de quién esté a cargo de su administración'.
Y dicen que el Gobierno es 'cínico' al exigirles la inversión de 1,1 billones de pesos sin comprometerse a arreglar los problemas 'que el propio Gobierno ha creado'.
Epsa dice que culminó en Valledupar proyecto del Plan5Caribe
La ampliación de la subestación Valledupar, ubicada en el área urbana de la capital del Cesar, en la que se invirtieron $12.300 millones ya fue culminada, según informó en un comunicado la empresa Epsa, filial de Celsia. Este proyecto es el segundo de seis que le fueron adjudicados del Plan5Caribe.
Este proyecto comprendió la instalación de un nuevo transformador que duplicó la capacidad instalada de la subestación de 100 a 200 MVA, con lo cual se podrá atender la nueva demanda producto del crecimiento de esta zona del país y mejorar la confiabilidad del sistema de distribución regional (STR) de energía.
'En horas de la madrugada, declaramos en operación comercial el nuevo transformador instalado en la subestación Valledupar, proyecto que ejecutamos en el tiempo acordado con el Ministerio de Minas y Energía, a través de la Unidad de Planeación Minero Energética, Upme. Seguimos cumpliéndole al Gobierno Nacional y al Caribe colombiano en la ejecución de estas iniciativas en el tiempo y con los estándares requeridos' afirmó Julián Cadavid, líder de Transmisión y Distribución de Celsia, al explicar que la organización a través de Epsa continuará siendo responsable de la administración, operación y mantenimientos de los equipos instalados.
En el mayor pico de la ejecución de este proyecto en Valledupar, que inició en octubre de 2016, se generaron 99 empleos en la zona.
Esta es una de las seis convocatorias,que sumadas alcanzan una inversión de $470 mil millones, adjudicadas a Epsa en el marco del 'Plan5Caribe', el cual busca fortalecer la confiabilidad del sistema eléctrico en esta región del país, en conjunto con otros proyectos liderados por el Gobierno Nacional. En el Atlántico tienen a cargo la construcción de la subestación Caracolí de 110 kV, con varias líneas de distribución que suman más de 20 km. de extensión y la instalación de bancos de condensadores 220/110 kV - 150 MVA. (el proyecto está en trámites previos a la fase de construcción).
