Colombia anunció este viernes que su embajador en Caracas permanecerá en Bogotá 'en consultas', tras ser llamado la víspera para informar sobre la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela de asumir las competencias del Parlamento, de mayoría opositora.
La canciller María Ángela Holguín, que más temprano anunció que el embajador Ricardo Lozano había viajado a la capital para informar sobre la situación en Venezuela, notificó que el diplomático permanecerá en Colombia, a la vez que aseguró que espera que el TSJ 'revierta' su decisión.
A Lozano 'lo hemos llamado el día de ayer (jueves) a informar la situación que se presentó con la decisión del Tribunal Supremo, (y) el embajador se queda en Colombia en consultas', aseguró Holguín en declaraciones a periodistas.
'La fiscal general de Venezuela (Luisa Ortega) ha dicho que se rompió el hilo constitucional y esperamos que (en el TSJ) reviertan esta decisión (...) por el bien de Venezuela', añadió la canciller.
Más temprano, Holguín aseguró en entrevistas radiales que con su fallo el máximo tribunal venezolano 'pasó una línea que no se había pasado'.
'Nosotros, retirar al embajador definitivamente, no lo vamos a hacer por el momento, por una necesidad real que tenemos', dijo también Holguín, en referencia a los miles de colombianos que viven en Venezuela y 'a los cuales hay que responderles'.
La canciller declaró a radios igualmente que Venezuela no es un país viable, porque está 'completamente dividido' y que la 'gente no puede pensar que la gran mayoría está solamente con la oposición', porque el gobierno tiene 'un apoyo popular que no es menor'.
'Sigo convencida de que la única salida es que se pongan de acuerdo oposición y gobierno para tener un país viable. No veo otra herramienta', apuntó.
El presidente Juan Manuel Santos consideró a su vez 'inaceptable' el fallo del TSJ.
Una avalancha de críticas de la comunidad internacional ha caído sobre Venezuela, tras la decisión de la máxima instancia judicial del país -afín al gobierno de Nicolás Maduro- de tomar las funciones del Legislativo, que fue calificada como un 'golpe de Estado' por la oposición venezolana.
