La Fiscalía General de la Nación le presentó al Gobierno Nacional una propuesta para tener más herramientas a la hora de combatir a la criminalidad organizada en el país.
El proyecto que está en evaluación del Ejecutivo busca que se pueda sancionar a los profesionales que ofrezcan sus servicios para contribuir a los fines de las estructuras criminales y crear agravantes en el delito de concierto para delinquir, relacionados con conductas como minería ilegal, corrupción, tráfico de menores, entre otras.
Estos agravantes, que implicarían una reforma legal, también se aplicarían a los delitos de tráfico o porte armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas y utilización ilegal de uniformes e insignias en zonas de anterior dominio de las Farc.
El proyecto busca que se den más herramientas de investigación y judicialización como los trabajos encubiertos, 'la búsqueda selectiva en bases de datos', introducir la prueba testimonial anticipada para las investigaciones contra organizaciones criminales y crear una norma relativa a la cooperación interinstitucional.
La Fiscalía espera igualmente crear instrumentos para evitar la continuación y consumación de la actividad delictiva, como los pagos de giros nacionales e internacionales del sistema penal, y establecer criterios para determinar el peligro a la comunidad y riesgo de no comparecencia, para imponer una medida de aseguramiento.
Como medidas complementarias, la entidad busca que se cree un Comité de Análisis Delictivo de Crimen Organizado para asesorar y brindar recomendaciones de política criminal, así como un sistema permanente de jueces de garantías prioritarios para temas de crimen organizado.
La Fiscalía propuso la creación de defensores públicos ambulantes y especializados para atender dichas investigaciones y que les otorguen facultades para que las autoridades puedan ordenar el bloqueo y restricción parcial o total de la señal de redes y servicios móviles de telecomunicaciones al interior de los centros carcelarios.
