Diez días de arresto y una multa de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes le fueron impuestos a la directora general del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), Cristina Plazas Michelsen por desacatar una tutela.
En la decisión el Juez Cuarto Civil del Circuito de Sincelejo señala el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Mujeres El Buen Pastor de la ciudad de Bogotá como el lugar en el que la funcionaria debe pagar el arresto.
La tutela fue instaurada por la abogada Jacqueline Hernández Pallares, quien fue escogida por el gobernador Édgar Martínez Romero de una terna que le presentaron para ocupar el cargo de directora en el departamento.
El juez desde el 17 de marzo conminó al Icbf a publicar la hoja de vida de Hernández Pallares en su portal web para que los ciudadanos hicieran las objeciones a que hubiera derecho y así continuar con el proceso de nombramiento con o sin ella en la terna teniendo en cuenta los resultados de la misma y el Icbf no lo hizo.
'Me están obligando a cometer una ilegalidad'
La directora general del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), denunció que el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Sincelejo ordenó diez días de arresto y el pago de una multa de diez salarios mínimos mensuales en su contra, por desacatar una tutela que la obligaría a posesionar a alguien inhabilitado.
La tutela fue interpuesta por Jackeline Hernández, escogida por el gobernador de Sucre, Edgar Martínez, como nueva directora Seccional del ICBF en este departamento, pero Plazas se negó a posesionarla argumentando inhabilidades por parte de la demandante.
Según explicó la directora de la entidad, Hernández está inhabilitada para ejercer el cargo de directora Seccional en ese Departamento por haber sido contratista de la entidad hasta enero de este año.
'Juez ordena mi arresto por cumplir coherentemente dos fallos de tutela. Juez quiere quee nombremos una señora en Sucre que está inhabilitada. Si me toca ir a la cárcel por defender lo justo y no cometer corrupción , me voy los diez días. No me dejaré amedrentar', aseguró la funcionaria.
Sobre la decisión dle juez Plazas agregó: 'Nosotros no podemos subir la hoja de vida cuando hay un concepto del ICBF que dice que la señora está inhabilitada. Cuando uno va a subir una hoja de vida tiene que jurar que la persona no está inhabilitada. Cómo voy a ordenar a mi Director de Gestión Humana que lo haga porque el juez lo diga, no puedo hacer esto', afirmó.
La orden judicial señala que la funcionaria debe pagar la condena en la cárcel Buen Pastor de Bogotá, sin embargo ya apeló la situación.
'Nosotros ya apelamos. Soy respetuosa de las decisiones judiciales. Pero en este momento, lo que me están obligando es a cometer una ilegalidad, o a ordenarle a un funcionario mío a cometer una ilegalidad. Esperamos que esto se solucione en la mayor brevedad posible', sentenció.
