El Juzgado Tercero de Ejecución de Penas de Ibagué negó la petición de la amnistía de iure al hacker Andrés Fernando Sepúlveda, quien había solicitado formalmente acogerse a la Jurisdicción Especial de Paz.
'Mediante auto de la fecha, el Despacho se abstiene de conceder a Andrés Fernando Sepúlveda Ardila la amnistía de iure, al no acreditarse los requisitos exigidos por el artículo 17 de la Ley 1820 de 2016', dice el sistema de la Rama Judicial.
Su abogado, Carlos Toro, había radicado la petición para que su cliente fuera beneficiario de la Ley de Amnistía y, por tanto, se le otorgara la libertad condicional e inmediata.
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'Los delitos cometidos por él fueron realizados conexos con el delito político y en relación con el conflicto armado colombiano', había dicho Toro.
Sepúlveda fue condenado a diez años de prisión después de avalarse un preacuerdo en el cual aceptaba su responsabilidad en cinco delitos que la Fiscalía le imputó, y se comprometió a colaborar en los casos relacionados a las interceptaciones ilegales que se habrían realizado desde la campaña presidencial de Óscar Iván Zuluaga.
En la solicitud de 42 páginas, Toro pedía la extinción de la sanción penal dictada en contra de Sepúlveda por los delitos de espionaje, concierto para delinquir agravado, acceso abusivo a un sistema informático, violación de datos personales y uso de software malicioso, por los que fue condenado en 2015.
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De acuerdo con el abogado, las actividades que hizo Sepúlveda para 'hackear' las comunicaciones de los negociadores de paz de las FARC en La Habana en 2014 calificaban como una actividad contrainsurgente.
'(...) con el uso de herramientas cibernéticas, desde la sede de campaña del partido Centro Democrático, bajo la comandancia del Hacker Andrés Sepúlveda, para atacar el proceso de paz entre las FARC-EP y al Gobierno Nacional, se inscriben como acciones integrante del conflicto armado interno', decía el documento.
Sepúlveda está detenido en la cárcel La Picaleña.
