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El Juzgado 29 de Ejecución de Penas de Bogotá negó la libertad condicional al exministro Diego Palacio Betancourt, condenado por la Corte Suprema de Justicia por su responsabilidad en la ‘Yidispolítica’, y quien había solicitado acogerse a la Jurisdicción Especial de Paz.

Palacio Betancourt fue condenado a seis años y seis meses de cárcel por el delito de cohecho, por haber ofrecido prebendas a cambio de votos para asegurar la reelección del expresidente Álvaro Uribe.

En este caso, la Secretaría Ejecutiva de la Jurisdicción Especial de Paz había enviado al juzgado la petición que hizo el exministro de Salud de acogerse a la JEP.

Se trata de una carta de 20 páginas en la que Palacio señala que la condena dictada en su contra por la Corte Suprema de Justicia, asegura que el delito que le endilgaron se dio para lograr la reelección presidencial, 'para con ello consolidar la estrategia (de seguridad democrática) que se creía exitosa en combatir los grupos al margen de la ley y el flagelo del narcotráfico'.

'Yo creo que hay los suficientes argumentos jurídicos que cumplen con lo que exige, tanto el acuerdo como la ley y el acto legislativo. Sin ninguna duda existen esos argumentos jurídicos, lo que pasa es que yo creo que acá mataron el tigre y nos estamos asustando con el cuero', explicó en su momento Palacio.

Amnistía a Sepúlveda

El Juzgado Tercero de Ejecución de Penas de Ibagué negó la petición de la amnistía de iure al hacker Andrés Fernando Sepúlveda, quien había solicitado formalmente acogerse a la JEP .Su abogado, Carlos Toro, dijo en su momento que 'los delitos cometidos por él fueron realizados conexos con el delito político y en relación con el conflicto armado colombiano',

Sepúlveda fue condenado a diez años de prisión después de aceptar su responsabilidad en cinco delitos que la Fiscalía le imputó, y se comprometió a colaborar en los casos relacionados a las interceptaciones ilegales que se habrían realizado desde la campaña presidencial de Óscar Iván Zuluaga.

De acuerdo con el abogado, las actividades que hizo Sepúlveda para 'hackear' las comunicaciones de los negociadores de paz de las Farc en La Habana en 2014 calificaban como una actividad contrainsurgente.