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Durante un encuentro con familias campesinas del departamento de Guaviare, el alto consejero para el Posconflicto, los Derechos Humanos y la Seguridad, Rafael Pardo, selló hoy el compromiso con 613 familias cocaleras de ese departamento para dejar atrás la siembra de coca.

'Hemos venido hasta acá porque son parte integral de la paz del país, y lo que ustedes están firmando hoy representa un paso trascendental para el desarrollo de las regiones que históricamente han sufrido a causa del conflicto armado', dijo el alto funcionario.

De esta manera el Gobierno Nacional, las comunidades cocaleras y las Farc inician la tercera etapa del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, Pnis, creado el 27 de enero de 2017, que contempla la suscripción de los compromisos por las tres partes.

El Gobierno Nacional se compromete a brindar apoyo a los cultivadores que quieren sumarse al acuerdo con el que se les dará $1 millón cada mes por familia durante un año, y $19 millones para emprender un proyecto, así como asistencia técnica, entre otros aspectos.

Las familias cocaleras, por su parte, arrancarán las plantaciones de coca y no sembrará nuevamente cultivos de uso ilegal.

Mientras que las Farc promoverán el Pnis, del que son parte, con los campesinos que se han dedicado a sembrar cultivos de uso ilícito.

Las otras etapas que anteceden a la firma de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, son:

Firma de compromisos con organizaciones y asociaciones que representan a los campesinos. En este primer ciclo se sellaron pactos con 85 mil familias en 63 mil hectáreas.

La segunda etapa consiste la socialización de los compromisos con las familias en las veredas que viven del cultivo de coca.

En el transcurso de los próximos días el Gobierno Nacional desembolsará recursos a las primeras familias que firmaron los acuerdos. A partir de ese momento éstas tendrán un mes para iniciar el proceso de arrancar las plantas de uso ilegal.