Respondiendo al debate que se ha generado por las revocatorias de mandato, el Consejo Nacional Electoral escucha desde este lunes y hasta mañana martes a los alcaldes y gobernadores quienes tienen procesos de este tipo en su contra.
De la misma manera, se escucha a los promotores de este tipo de iniciativas y ya, el presidente del máximo órgano electoral, Alexander Vega, ha dicho que revisarán los procesos convocados.
'El mecanismo de participación ciudadano llamado revocatoria de mandato está siendo utilizado de manera ilegal en muchas partes del país. Entonces se van a revisar y discutir en la próxima sala los procesos que ya están convocados', dijo.
Tras escuchar a varios mandatarios decir que logran firmas a partir de engaños y que a algunos han sido amenazados la conclusión de Vega es que 'los alcaldes están siendo víctimas del proceso de revocatoria de mandato no con la naturaleza que fue concebida sino por intereses particulares'. Y que pese a lo que dicen algunos, el CNE sí puede entrar a revisar estos procesos y lo es cierto que van a entrar a reglamentar.
El registrador Nacional, Juan Carlos Galindo, fue el encargado de presentar un informe sobre cómo están y cuántos son los procesos de revocatoria en el país.
'A la fecha hemos recibido 107 solicitudes de revocatoria de mandato.
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De todos los procesos tenemos cuatro con convocatorias, y con fecha para la realización de los procesos electorales están San Benito, Sucre; El Copey César; Ocaña, Norte de Santander; Remolino, Magdalena', dijo.
De esos, tres ya tienen las firmas revisadas, aún no convocadas: Palmito, Sucre, Carmen de Bolívar y Barrancabermeja. Y hay nueve procesos revisando firmas: Bogotá, Girardot, Sogamoso, Timaná, Jamundí, Sitio Nuevo, La Cumbre, Villa María, Puerto Carreño.
Y habló de costos resaltando que cada proceso electoral implica actividades de varias autoridades.
'Hecha la estimación de los costos de los procesos de revocatoria podemos decir que las 107 le costarían a la Registraduría 98.500 millones de pesos, y esos recursos no los tenemos', dijo el Registrador y precisó que en total, con las nuevas elecciones, se necesitarían 200 mil millones de pesos.
LOS ALCALDES Y PROMOTORES DE REVOCATORIO
Varios alcaldes que tienen procesos de revocatoria en contra participaron de la audiencia, entre ellos el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa.
'Empieza la recolección de firmas cuando ni siquiera hemos empezado a gobernar', dijo Peñalosa explicando que realmente su gobierno inicia el segundo año tras posesionarse y por ello se aprueba su plan de desarrollo de 2016 a 2020.
Sobre eso también habló el director ejecutivo de la Federación de Departamentos, Plinio Olano, y afirmó que debería permitirse los procesos de revocatorio solo un año después de que se apruebe su plan de desarrollo.
Lo que ha hecho hasta el momento, dijo Peñalosa, es cumplir lo que queda del plan de desarrollo del gobierno anterior y, 'no encontramos presupuesto, no encontramos un plan, no encontramos diseños. Con el concejo empezamos un proceso muy largo para asignar el presupuesto'.
Óscar Dueñas habló en nombre de uno de los comités promotores que promueven el revocatorio del mandatario en la capital que parece extraño que se adelante este proceso cuando ya se recogieron las firmas: 'El plazo era de 6 meses para la autenticidad de los apoyos. ¿Por qué ahora quieren modificar lo existente?'
De la misma manera, dijo que resulta grave que se quieran modificar las reglas por medio de un acto administrativo alegando que el Consejo Nacional Electoral no tiene la competencia para entrar a revisar las exposiciones de motivos, lo cual dijo sería 'insólito'.
Humberto Sierra, abogado del alcalde de Bogotá, también intervino en favor del alcalde Peñalosa, afirmando que si no se regulan estos procesos se afectará el trabajo de los alcaldes pues trabajarán, no pensando a futuro, sino en tener una popularidad alta e inmediata para evitar que los revoquen.
Y aseguró que incluso hay peticiones de revocatoria en las que culpan al alcalde porque los congresistas tengan sueldos altos y que Chocó se vea afectado por el abandono y la falta de inversión.
Otros alcaldes y promotores de revocatorias entraron en la discusión sobre si esto se hace basado en revanchismos políticos, e incluso uno de los mandatarios locales denunció chantajes.
'En primer lugar me llamaron, me intimidaron diciendo que les diera 200 millones de pesos a cambio de adulterar las firmas y poderlas entregar a la Registraduría para ellos cumplir su cometido', dijo el alcalde de Orito, Putumayo, Manuel Eduardo Ocoro Carabalí.
Los promotores piensan que esto es cambiar las reglas de juego y que es ilegal la intervención que ahora hace el CNE.
