El procurador delegado ambiental, el samario Gilberto Blanco, le dijo a EL HERALDO que el cierre de Johnny Cay, solicitado por el Ministerio Público y ejecutado por la corporación ambiental sanandresana Coralina, se da ante hallazgos relacionados con el riesgo para los turistas ante la inexistencia de un muelle adecuado para desembarcar, la propia cantidad de turistas que rebasaba la permitida en el cayo y los vertimientos de residuos que estaban destruyendo los corales del ecosistema insular.
'Después de una visita en campo que hicimos hace poco más de dos meses, la Procuraduría impulsó cuatro acciones judiciales en la isla: una de ellas fue la acción popular solicitando en el marco de una medida cautelar el cierre temporal o definitivo de Johnny Cay', explicó el delegado del ente de control disciplinario.
Precisó en este sentido que hubo dos consideraciones fundamentales para pedir la medida, entre las cuales, la primera fue 'el riesgo que había para los turistas en la medida en que no existía en este momento muelle en el cayo y la forma en que estaban desembarcando no era la más adecuada, encontramos manos mutiladas y muchas situaciones en general de riesgo'.
La segunda motivación para el cierre del cayo, añadió, fue la de los 'vertimientos de residuos líquidos y sólidos que estaban dinamitando a la isla, (...) los corales se estaban destruyendo por esos vertimientos y el descontrol de los servicios'.
