El agente interventor de Electricaribe, Javier Lastra, le dijo a EL HERALDO que la decisión del Tribunal Superior de Cartagena, que suspende el arresto de 10 días en su contra, librado por un juzgado de primera instancia, obedece a que 'no se hallaron razones' para su ejecución, al tiempo que garantizó que la empresa 'reconocerá lo que corresponda a sus trabajadores'.
'Hay que ser respetuosos de las decisiones judiciales, no obstante dentro de estos mismos procedimientos hay instancias que siempre estamos agotando. El jueves un Tribunal decidió suspender la sanción que había por no encontrar razones suficientes, en este caso en particular porque había un fallo de la Corte Constitucional que le daba la razón a la empresa y esos fueron los argumentos que nosotros invocamos para que resolviera levantar esa sanción', dijo el agente interventor.
Acto seguido, aseguró que serán respetuosos de los derechos de los trabajadores: 'lo que haya que reconocer a los trabajadores, por sus derechos, por decisiones judiciales, lo vamos a hacer, no obstante en mi calidad de agente especial debo responder por los intereses de la compañía y defenderla dentro de un marco legal, porque es una empresa en crisis, y estamos buscando una solución de servicio y no unas soluciones particulares a algunos de los actores o acreedores de la compañía'.
Ante la pregunta de si la empresa, como lo dice el fallo de primera instancia, no respeta el derecho de asociación de los trabajadores, Lastra contestó que 'si eso fuera así no hubieran revocado la sanción, creemos que lo que ellos alegan se aparta de los términos legales porque la Corte revisó esa decisión y le daba la razón a Electricaribe en el pasado, pero en todo caso estamos argumentando para que se aclaren los hechos y en todo caso reconocer los derechos de trabajadores que hayan sido legítimamente ganados'.
El caso
El Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Cartagena ratificó el fallo de primera instancia del Juzgado Quince Penal Municipal del Circuito que le impuso una sanción de 10 días de arresto por desacato a una sentencia que favorecía a los miembros del sindicato de Electricaribe, contra el agente liquidador de Electricaribe, Javier Alonso Lastra Fuscaldo.
Además del arresto la empresa tendría que reconocer a los empleados sindicalizados pagos por el orden de $3.000 millones de pesos.
De acuerdo a los demandantes, se pudo comprobar que la empresa estaría beneficiando a unos empleados que no se encontraban sindicalizados y con estas prebendas pretendían que se evitara la asociación de los empleados.
Posteriormente, el Tribunal Superior de Cartagena suspendió, de manera provisional, la sanción de 10 días de arresto.
Ello, debido a que ante la decisión, Lastra Fuscaldo, a través de la firma de abogados Chapman Asociados, interpuso una tutela para 'evitar la consumación de una amenaza inminente de sus derechos fundamentales', por considerar que el desacato -de una tutela que favorece a los miembros del sindicato de Electricaribe- 'se llevó a cabo de forma irregular, al no abrir a pruebas y no individualizar al responsable del fallo de tutela'.
En consecuencia, el agente interventor de Electricaribe solicitó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, libertad personal y acceso a la administración de justicia.
No obstante la decisión de suspender el arresto, el Tribunal solicitó a los juzgados que elaboren un informe con los cargos de los que se acusa a Lastra, so pena de ser sancionados y 'tener por ciertos los hechos relatados' por el agente interventor.
