La jueza 40 de control de garantías de Bogotá negó la solicitud de medida de aseguramiento que hizo la fiscal 92 Anticorrupción contra el alto consejero para las regiones, Carlos Correa y el alcalde de Montería, Marcos Pineda, señalados de presuntos retrasos y sobrecostos en las obras de rehabilitación del Coliseo Miguel ‘Happy’ Lora.
La togada no encontró probada la inferencia razonable de participación en los hechos de Correa y Pineda, ni de los otros dos funcionarios vinculados: Pascual Guerrero, director Fondo Mixto para el Deporte y Samuel Mora, interventor.
Explicó la jueza, además, en medio de un fuerte regaño a la Fiscalía, que no hay suficientes pruebas de la comisión de los delitos y que los imputados no constituyen un peligro para la sociedad ni pesa sobre ellos riesgo de no comparecencia al proceso.
Aseguró la funcionaria por ejemplo que el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos no está probado y que es claro que la obra se entregó, por lo que tampoco se advierte el delito de falsedad ideológica en documento público.
Puso de presente así mismo que hay un informe de mayo de 2017, que se refiere a que se han venido subsanando las condiciones para la entrega a satisfacción de los trabajos.
Frente al peculado, citó la jueza a la Fiscalía cuando dijo que fue a favor de los terceros del Fondo Mixto y que hay una diferencia entre el convenio y el contrato de 3.500 millones de pesos.
Sin embargo, llamó la atención del despacho que la defensa se refirió a que las prórrogas fueron con plazos, no con aumentos ni adiciones.
Por lo que, concluyó, no hay pruebas de la apropiación, y el cuestionamiento del despacho en este sentido es que no se ha encontrado inferencia para el detrimento patrimonial
Por último, acerca de los cuestionamientos que en su momento hiciera la Contraloría al contrato, advirtió el Juzgado 40 de Garantías que esos hallazgos tienen incidencia disciplinaria pero no sé constituyen como peculado.
En su argumentación, la jueza citó la imputación de la Fiscalía, en la que se ponía de presente que se hicieron modificaciones al contrato original y se hicieron ocho prórrogas al contrato en total.
Agregó la togada que el reproche social de este proyecto, de acuerdo al ente de control penal, es que no pudo ser usado este escenario para los Juegos Nacionales 2012 y pasaron años desde que se suscribió el convenio macro.
Recuerda además la jueza el dicho de la Fiscalía, cuando reprocha el organismo investigador que esos estudios previos que se hicieron distan del contenido del convenio, y que es claro que si se da una partida del presupuesto, se deben garantizar esas partidas.
No obstante, advierte la jueza una falta de investigación de la Fiscalía, y agrega que no entiende el despacho por qué se trajo al interventor, ya que no habría inferencia de autoría en el interventor.
Los hechos por los que señalan a los altos funcionarios, de acuerdo al comunicado de la Fiscalía, corresponden a 'posibles anomalías y sobrecostos' tanto en la celebración como en la ejecución de los convenios interadministrativos del 30 de diciembre de 2011, celebrado uno entre la Gobernación de Córdoba y el municipio de Montería, y del 25 de junio de 2012, suscrito este otro entre el municipio de Montería y el Fondo Mixto para la Promoción del Deporte y la Gestión Social, cuyo propósito era la rehabilitación del Coliseo Miguel ‘Happy’ Lora en la capital cordobesa, por un valor de 12.500 millones de pesos.
Precisó el ente de control penal que el Coliseo debía culminar en noviembre de 2012, pero fue entregado hace unas cuantas semanas 'con variaciones sustanciales en las obras concluidas frente a las inicialmente contratadas'.
Guerrero y Mora quedaron en libertad desde el sábado por vencimiento de términos, al superarse las 36 horas como límite de tiempo para la legalización de las capturas.
Todos los presuntos implicados, no obstante, seguirán vinculados a la investigación.
