Ante la solicitud de la Procuraduría, el Tribunal Contencioso Administrativo de San Andrés decretó medidas cautelares y ordenó el cierre temporal de Johnny Cay mientras la Corporación Coralina adelanta actividades de mantenimiento y los comerciantes llevan a cabo jornadas de limpieza de residuos sólidos.
La Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales pidió el pasado mes de abril la adopción de medidas 'para garantizar la seguridad, salubridad, medio ambiente sano y la reevaluación del régimen de turistas y de las actividades comerciales realizadas dentro de esta área protegida'.
Por ello, el Tribunal isleño dispuso que la Secretaría de Salud de San Andrés debía 'llevar a cabo jornadas de visita de inspección, capacitación y control sanitario con enfoque de riesgo a los establecimientos de alimentos y bebidas; además de verificar el cumplimiento de todos los requisitos sanitarios de los establecimientos para su debido funcionamiento'.
Entre tanto, a Coralina le ordenó realizar capacitaciones sobre el cuidado de los baños y de las trampas de grasa que se encuentran actualmente instalados en el cayo y tomar las medidas necesarias para la conservación de las especies y del medio ambiente.
Asimismo, pide el fallo crear una estrategia para restringir el ingreso de turistas con el fin de que no desborde el límite de la capacidad de carga del parque.
'El cierre del parque se llevará a cabo diez días hábiles después de notificada esta providencia para que las autoridades administrativas concernidas tengan la oportunidad de llevar a cabo todas las diligencias administrativas que correspondan para el debido cumplimiento de estas órdenes'.
