El procurador General de la Nación, Fernando Carillo Flórez, y el contralor General de la República, Edgardo Maya, cuestionaron este martes el proyecto de reforma política que cursa en el Congreso.
Ambas entidades solicitaron a la Cámara de Representantes retirar los artículos primero y 14 del proyecto, por considerarlos lesivos a las competencias que tienen como órganos de control, pues permitirá que personas con sanciones disciplinarias o fiscales puedan aspirar a cargos de elección popular mientras no haya confirmación de las mismas por el Consejo de Estado.
En su criterio, no debe tramitarse por ‘fast track’ esta reforma, por tratar asuntos que 'nada tienen que ver con los seis puntos' del Acuerdo de Paz alcanzado con las FARC.
'Hay una autonomía e independencia de los órganos de control. Con las decisiones de carácter disciplinario, que destituyen a servidores públicos, y en las de carácter fiscal, que los inhabilitan para ejercer cargos públicos, no se está violando un tratado internacional suscritos por Colombia', dijo Maya.
El contralor recordó que una persona sancionada puede acudir a la justicia administrativa para cuestionar las medidas impuestas en su contra y recordó que el Consejo de Estado no es superior jerárquico ni de la Contraloría ni de la Procuraduría.
Por su parte, el procurador Carrillo señaló que dichos artículos, que pretenden adecuar la normatividad actual a la Convención Interamericana de Derechos Humanos no tienen conexidad alguna con el acuerdo de paz y reiteró que la Corte Constitucional ya se ha pronunciado sobre las competencias de los órganos de control.
'El derecho a elegir y ser elegido no es absoluto. ¿Quién ha dicho que quien tiene antecedentes y cuentas pendientes de carácter fiscal se puede postular como si nada hubiera pasado? Eso hace completamente inane la potestad disciplinaria o fiscal, luego que se diga si las quieren desmontar', señaló.
Para Carrillo, los funcionarios públicos deben someterse a un sistema de controles y que se crean nuevos recursos ante el Consejo de Estado que dilatarían los efectos de una sanción.
