La corrupción en la Rama Judicial pareciera no tocar fondo. Cuando ya estremeció a la Corte Constitucional con la supuesta entrega y recibo de 500 millones de pesos por parte de uno de sus magistrados, Jorge Pretelt, en juicio en este momento, ahora la Corte Suprema de Justicia se ve enlodada por lo mismo: presuntas peticiones de dinero a cambio de favorecer o direccionar investigaciones.
Las aguas sucias caen sobre el exmagistrado Leonidas Bustos Martínez, quien integró la Sala Penal entre 2008 y 2016, y quien fue presidente de esa sala durante 2012 y 2013 y presidente de la Corte Suprema en el 2015.
Pero él no está solo. Los dedos señalan además al magistrado Francisco Ricaurte, quien ocupó una de las oficinas de la Sala Laboral, además de haber sido presidente de la Corte Suprema en 2008. Luego, fue elegido por la propia Corte Suprema para ser magistrado de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, decisión que fue anulada por el Consejo de Estado en 2014 por ser un caso típico de ‘yo te elijo, tú me eliges’.
Bustos es uno de los mencionados en unas interceptaciones que realizó la justicia de los Estados Unidos, y que fueron remitidas a la Fiscalía General de la Nación. A esto se suman las comunicaciones electrónicas y telefónicas entre el exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons; el entonces Jefe Anticorrupción de la Fiscalía, Luis Gustavo Moreno; y un socio de ese último, el abogado Leonardo Pinilla, como una de las personas que habría intercambiado favores judiciales para beneficiar a sus defendidos ante la alta Corte.
Lo expuesto por la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia da cuenta de presuntos pagos millonarios a cambio de direccionar investigaciones contra exdefendidos de Moreno, entre quienes se cuentan personalidades como Hernán Andrade, Musa Besaile y Luis Alfredo Ramos, que ahora enfrentarán una nueva investigación en la Corte Suprema. Según conoció Colprensa, los pagos en cuestión estarían entre los 1000 y los 3000 millones de pesos, los mismos que se habrían hecho en efectivo, en billetes de baja denominación.
Lo único claro hasta el momento es que el escándalo de corrupción ya ha dejado sembradas dudas sobre toda la actuación de la Corte Suprema de Justicia, con independencia de en qué periodos actuaron los magistrados de la Sala Penal; dudas que han despertado entre algunos expertos la necesidad de una reforma judicial.
Por ejemplo, el Gobierno Nacional ya pidió que este caso llegue hasta sus últimas consecuencias y el ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, dijo que 'es el momento de tomar correctivos severos para evitar la corrupción. La justicia no puede tener mantos de duda'. Entre tanto, el congresista Antonio Navarro Wolf extrañó la Comisión de Aforados para juzgar a los miembros de las Altas Cortes: 'fue hundida por la Corte Constitucional, un error que pagamos hoy', dijo.
'Ahora sí se corrompió la sal. Si el presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema recibió sobornos, apague y vámonos', agregó Navarro Wolf. Y es que este asunto involucra, además, a otro exmagistrado de la Corte Suprema, Camilo Tarquino, también en la Sala Laboral, y quien ahora será investigado por su rol como abogado.
Este entramado de supuesta corrupción judicial, que motivó por primera vez una rueda de prensa de la Sala Penal en pleno, tiene dos casos en marcha: el de Luis Alfredo Ramos por ‘parapolítica’ y una investigación preliminar por lo mismo a Musa Besaile; y otro ya resuelto: la preclusión en favor de Hernán Andrade por supuestamente haber recibido 250 millones de pesos de parte de uno de los abogados participantes en el desfalco a Cajanal.
De los audios obtenidos por la justicia de Estados Unidos, usando como testigo a Lyons, se conoció que mencionan a la exmagistrada María del Rosario González y al magistrado José Luis Barceló, como quienes no se dejaban comprar.
