La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos en contra de seis exdirectivos de la Sociedad Refinería de Cartagena (Reficar), por presuntas irregularidades relacionadas con el aumento del presupuesto y la extensión en el cronograma para la ejecución del proyecto de ampliación y modernización de la refinería.
La Procuraduría Delegada para la Economía y la Hacienda Pública investiga dicho incremento que entre los años 2011 y 2015 pasó de 3.777 a 8.016 millones de dólares, producto de cinco controles de cambio, uno por cada año.
Se trata de Javier Genaro Gutiérrez Pemberthy, Pedro Alfonso Rosales Navarro y Diana Constanza Calixto Hernández, en su condición de miembros de la Junta Directiva de Reficar; Orlando José Cabrales Martínez y Reyes Reinoso Yáñez, presidentes y representantes legales de la sociedad y Felipe Arturo Laverde Concha, vicepresidente jurídico de Reficar, para la época de los hechos.
Se les reprocha el posible incumplimiento de los deberes que les eran exigibles, al no desplegar las acciones necesarias para establecer con precisión el presupuesto real y necesario para la ejecución del proyecto. Dicha falta de diligencia se cuestiona teniendo en cuenta que existieron diversas alarmas antes de la suscripción y durante la ejecución del contrato EPC (Ingeniería, Compras y Construcción) con la firma Chicago Bridge and Iron (CBI), que evidenciaban las deficiencias del contratista, en especial su falta de experiencia, y las circunstancias que podían afectar el desarrollo del proyecto.
Sin embargo, el ente de control observó de parte de los imputados un exceso de confianza en los pronósticos, presupuestos y compromisos de CBI, cuando ninguno de estos se ajustó a la realidad del proyecto, razón por la cual fueron necesarios cinco controles de cambio para modificar en igual cantidad de oportunidades el costo total y la fecha de terminación de la refinería, varios de los cuales fueron presentados y aprobados por los implicados.
Adicionalmente, se le enrostra a Javier Genaro Gutiérrez Pemberthy, Pedro Alfonso Rosales Navarro, Reyes Reinoso Yáñez y Felipe Arturo Laverde Concha, la aprobación e implementación en el año 2014 de dos acuerdos, denominados MOU y PIP, que modificaron el proceso de facturación y pago establecido en el contrato EPC, para dar lugar a cancelar al contratista facturación antes de su revisión por parte de Reficar o que no había soportado en debida forma, lo que ocasionó que se le pagaran aproximadamente 278.000 millones de pesos y 78 millones de dólares, que CBI que no logró justificar posteriormente.
La Procuraduría General calificó las posibles faltas de los investigados como gravísimas a título de culpa gravísima.
Finalmente, ordenó la terminación de la investigación disciplinaria en contra de Adriana Marcela Echeverri Gutiérrez, Álvaro Mauricio Echeverry Gutiérrez, Jaime Leonardo Flórez Muñoz, Orlando Díaz Montoya y Luis Francisco Sanabria, miembros suplentes de la Junta Directiva de Reficar, al establecer que no participaron en la aprobación de los controles de cambios, ni de los acuerdos MOU y PIP que dieron lugar a la imputación de cargos referida.
