La Contraloría estableció un presunto detrimento patrimonial de $32.616 millones en las obras de la Vía de la Prosperidad, en el Magdalena, pese a la regularización del contrato de mejoramiento de la vía que conectará a Palermo-Sitionuevo-Remolino-Guáimaro.
Señaló el ente de control que por deficiencias en la planeación del proyecto, no se tuvo en cuenta que los estudios suministrados para la construcción del proyecto estaban desactualizados y no habían tenido en cuenta los cambios hidrológicos y morfológicos de la zona con ocasión del Fenómeno de la Niña 2010 – 2011.
Por ello, advierte la Contraloría en un comunicado que 'los ajustes que
se tuvieron que realizar con las nuevas condiciones redujeron el alcance físico programado del proyecto de 52.6 km a 17.5 km aproximadamente, dado que el costo por km de vía se incrementó en más del 50%'.
De esta manera, con el valor estimado del proyecto, tal como se acordó, el valor del actual del km para esta vía está por el orden de los $16.600 millones de pesos y no ya por más de $8.213, que era el costo inicial.
Indica además el organismo que los diseños iniciales no contemplaron distancias a las fuentes de materiales existentes y condiciones generadas por la actualización de dichos estudios y diseños excedieron las condiciones originales pactadas en el momento de la firma del contrato, lo cual generó mayores costos en el ítem de transporte de materiales.
'Así las cosas, se evidenció que el costo de transporte estimado supera casi 8 veces el valor presupuestado, y los metros cúbicos de material a usar en la vía se duplican, indicando que la falta de planeación del proyecto y la no actualización oportuna de diseños generó una afectación presupuestal considerable que obligó a ajustar ítems presupuestales para mitigar los mayores costos generados, lo cual repercutió en la disminución del alcance físico de las obras', se lee en el boletín.
De igual forma, en una auditoría realizada por la Contraloría al proyecto en el año 2016 se evidenció una gestión antieconómica en este contrato, porque las alternativas presentadas para la reducción de sobrecostos por parte del contratista y de la interventoría no fueron eficaces y los estudios presentados no tuvieron en cuenta todas las fuentes cercanas, teniendo en cuenta que el punto de partida para la consecución de canteras fue tomar las de los estudios y diseños iniciales, los cuales estaban ya desactualizados, por lo tanto, se podían tomar fuentes inexistentes o cerradas.
'Se tomó algo que posiblemente no tenía validez y se estaba induciendo al error en el momento de tomar una decisión sobre este tema, porque ya se conocía que la cantidad de material requerida era mayor, por la actualización de los estudios y diseños', advirtió la entidad.
Y sobre la utilización de las fuentes de material para roca, la auditoría evidencia falta planeación para la explotación de canteras, puesto que la fuente más cercana (Ciénaga) requería permisos para utilización de explosivos por parte de Indumil y no se gestionó, sino que se recurrió a la utilización de la cantera más lejana, generando mayores costos de transporte.
Además, 'se expresó que el material de la cantera La Fontana no puede utilizarse por sí sola como material de terraplén porque no cumple las especificaciones de la norma Invías para construcción de terraplenes, por lo que debe ser mezclada con el material de otras canteras, en proporciones específicas, sin embargo, no anexa soportes que justifiquen la decisión de mezclar el material y la justificación de las proporciones usadas.
De hecho, en los soportes entregados por la interventoría se evidencia que el material de La Fontana, por sí solo, cumple con especificaciones'.
De otro lado, se pone de presente que las canteras Rancho Alegre y Fontana son canteras legales, cumplen parámetros y su legalización está dentro de los límites temporales del proyecto (Rancho Alegre tiene licencia del año
2011 y La Fontana del año 2015): 'el hecho de no conocerlas y basarse en una base de datos errada denota deficiencias en planeación por parte del ente contratante, que generaron
deficientes gestiones por parte del contratista y la interventoría'.
Finalmente, alertó la Contraloría que se avaló una alternativa que no representa ahorros para este ítem, la cual fue el acarreo de material vía fluvial. El trayecto para dicho transporte es una distancia considerable (40 km) que, aunque comparada con el transporte terrestre representa menor distancia, genera mayores costos por cuanto el transporte fluvial cuesta $234.12 más que el transporte por tierra, por cada M3-Km generado.
Y concluye que, por todo lo anterior, 'teniendo en cuenta que la mayoría de los materiales se ha traído de las canteras más lejanas, existiendo canteras más cercanas que cumplen con las especificaciones, y que el no uso de las mismas se debe a falencias en la planeación del proyecto, que derivaron en gestiones ineficaces por parte de los entes contratantes, contratista e interventoría, es evidente la existencia de un detrimento, por cuanto se debía propender por buscar las menores distancias para el acarreo de materiales al proyecto, bajo la premisa de se debía ejecutar la mayor cantidad del proyecto, con la limitante puesta por el ajuste de los estudios y diseños, que impactó significativamente el alcance'.
La Vía de la Prosperidad se inició con el convenio 649 de 2012, en el que el Instituto Nacional de Vías y la Gobernación del Magdalena se comprometieron a 'aunar esfuerzos técnicos y financieros para el mejoramiento de la vía Palermo – Sitionuevo – Remolino – Guáimaro, en el departamento de magdalena', por valor de $466.900.000.000, de los cuales el Invías aporta $266.900.000.000 y la Gobernación del Magdalena aporta $200.000.000.000 con recursos procedentes del Sistema General de Regalías.
Y mediante el contrato 617 de 2013, la Gobernación del Magdalena contrató con el Consorcio Ribera Este las obras por un valor de $432.010.178.757, en una longitud de 52.6 km.
