Luego de que pasara una semana de discusión en el Congreso, y de que se aprobaran alrededor de 112 artículos, al proyecto de ley estatutaria que reglamenta la Justicia Especial para la Paz (JEP) aún le quedan entre el tintero otros 40 puntos más por tener el visto bueno del Legislativo.
Si bien el número de artículos que falta por aprobarse se ha reducido, la discusión que se viene pareciera ser la más delicada a nivel político, pues entre los temas que quedan por debatirse está el asunto de si se aprueba o se niega la propuesta de prohibir que los jefes de las Farc puedan llegar al Capitolio sin que antes hayan pasado por las Salas o el Tribunal de la justicia transicional. Dicho aspecto ha causado gran revuelo entre los diferentes sectores políticos, incluso desde los inicios de las conversaciones en La Habana.
Por tanto, es aquí cuando el Gobierno deberá jugarse todas sus cartas para poder seguir manteniendo las mayorías (mínimas) que hasta el momento le ha garantizado el avance de la iniciativa.
Entre tanto, además de ese polémico punto, también quedan pendientes las precisiones y los acuerdos a los que llegaron el Gobierno, los parlamentarios ponentes del proyecto y el fiscal Néstor Humberto Martínez, que si bien fueron acogidos por el Ejecutivo, faltan concretarse con su respectiva aprobación en el Congreso.
En ese sentido, faltan por materializarse los puntos relacionados con el trato diferenciado que tendrán los reincidentes, desertores, disidentes y testaferros de la desarmada guerrilla.
De acuerdo con la propuesta del fiscal Martínez, se debe aprobar la disposición según la cual los desertores que se hayan desmovilizado, pero que hayan retomado las armas después del 1° de diciembre —es decir, después de entrado en vigencia el Acuerdo de Paz— pierden los beneficios de la JEP y pasan a ser juzgados bajo el régimen ordinario.
También queda en lista de espera la propuesta hecha por la Fiscalía en relación con los bienes y activos de las Farc, en la que se establece que habrá un incumplimiento grave si no se informa, teniendo conocimiento de ello, acerca del testaferrato.
En esa misma línea, falta por aprobarse la disposición según la cual si uno de los miembros de la Farc decide mantener sus nexos con el narcotráfico después del 1° de diciembre de 2016, a pesar de que los haya iniciado antes de puesta en marcha de los textos de La Habana, quedarán bajo la lupa de la Fiscalía.
La discusión en las comisiones primeras tanto de Senado y Cámara se retomará el próximo lunes, y con ello se sabrá la suerte del proyecto reglamentario de la JEP, columna vertebral del Acuerdo de paz entre el Gobierno y las Farc.
