La dilación de un proceso que se aproxima a dos años sin que hasta el momento se instale la etapa del juicio, motiva a los familiares de los dos jóvenes asesinados el 18 de junio de 2016 en Montería, en un hecho que involucra al fiscal antibacrim Mario Alberto Lora Correa, a pedir a la Fiscalía un cambio de radicación, preferiblemente en Bogotá.
Así lo expresó Ermes Suárez Rivas, hermano de Harold Suárez Rivas, uno de los dos muertos que dejó el ataque a bala del funcionario, en hechos ocurridos cuando se celebraba la Feria de la Ganadería en la ciudad.
'No nos parece justo que el proceso va para dos años y no se ha instalado siquiera el juicio, debido a que tampoco han surtido las audiencias preparatorias. Todo ha sido dilaciones y un rosario de excusas, tanto que este año solo ha habido dos audiencias, es decir, 365 días no le alcanzan a la justicia de Córdoba para hacer un proceso garante tanto para victimarios como para las víctimas', sostuvo Ermes Suárez.
El joven, quien expresa que a diario recuerda la nobleza de su hermano, agrega que hay temor de que en cualquier momento el fiscal Lora Correa pueda quedar libre de toda culpa, en medio de un proceso 'que no ha sido justo'.
'No entendemos cómo una persona que mató a dos inocentes en flagrancia e hirió a un policía sigue libre y, lo peor, según un juez, este no sea un peligro para la sociedad. Desde ese momento sentimos que las autoridades no han sido justas', precisó el hermano.
A lo que se refiere Suárez es a que en diligencias judiciales anteriores se mencionó que el actual fiscal antibacrim fue cobijado con medida de aseguramiento no privativa de la libertad, solo con la prohibición de visitar sitios de expendio de licor y portar armas de fuego. Así mismo, Lora Correa no puede salir del país y debe presentarse cuando sea requerido por autoridad competente.
Además de esto, la Fiscalía lo trasladó a Barranquilla para que siguiera ejerciendo sus funciones como investigador en la Unidad Nacional Contra el Crimen Organizado, Bacrim, en la antigua sede del DAS (ver recuadro anexo).
Agencia especial
En mayo de este año, el procurador nacional Fernando Carrillo, en visita a Montería, anunció la designación de una agencia especial conformada por expertos en el tema judicial y penal adscritos a ese ministerio público para que asumieran el caso.
El plan consistía en trabajar en unión con la Fiscalía en el esclarecimiento del doble crimen que le arrebató la tranquilidad a dos familias del barrio Sucre de esta ciudad: los Suárez Rivas y los Rodríguez López.
'Por supuesto que vamos a actuar con la Fiscalía en el esclarecimiento de estos homicidios. Disponemos de procuradores judiciales penales para ello y voy a ponerme en contacto con el Fiscal General para ver en qué va esa investigación. Tengan la certeza de que vamos a actuar para que exista el tipo de sanciones disciplinarias como consecuencia de la derivación de una responsabilidad de carácter penal', sostuvo el procurador Carrillo, en su momento.
Sin embargo, según las familias de las víctimas, sobre esto no se sabe nada o, peor aún, quedó en el mero registro del papel periódico.
El caso
La noche del 18 de junio de 2016, el fiscal Lora fue hasta su carro por una pistola, al parecer en estado de alicoramiento, y a su regreso al establecimiento -una discoteca de la calle 41 de Montería- disparó contra Harold Suárez Rivas, de 21 años, y Camilo Andrés Rodríguez López, de 33 años. El acto habría obedecido a que un hijo suyo menor de edad, que tomaba con él, le dijo que estos lo pretendían atracar en el baño.
Sin embargo, cuando el fiscal disparó el arma ya el caso estaba siendo atendido por la Policía, por lo que un agente también fue herido por Lora.
Las familias señalan que la dilación del proceso ha sido producto de la actitud de dos jueces de Montería y uno de Cereté, quienes se han declarado impedidos, al parecer porque tienen cierto grado de amistad con el padre del imputado, el ex magistrado cordobés Jairo Lora Villa.
Se trata del juez de conocimiento José De los Ríos Cabrales, quien desde el pasado mes de mayo está detenido en el patio para funcionarios públicos de la cárcel La Picota, por un habeas corpus que dejó en libertad a dos peligrosos delincuentes; el juez del circuito de Cereté, Francisco Daza; y el juez segundo penal del circuito de Montería, Edwin Rodelo.
Actualmente el caso está en manos de la juez penal del Circuito de Lorica, Ana Verbel, quien citó a los sujetos procesales para los días 29 y 30 de noviembre, a partir de las 10 a. m., cuando debe instalarse la audiencia preparatoria.
'Hablen con mi abogado'
Tras varias visitas a la sede del antiguo edificio del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, en Barranquilla, con la finalidad de ubicar al fiscal Mario Lora Correa y darle un espacio para su defensa, EL HERALDO solo consiguió comunicarse con este telefónicamente ayer sábado. 'Yo no puedo hablar, hablen con mi abogado', manifestó el fiscal antibacrim de manera cortante. Se conoció que el defensor de Lora Correa es el penalista Guillermo León Álvarez Machacón, ampliamente conocido en los estrados judiciales monterianos. Con Álvarez Machacón, después de varios intentos, su teléfono celular se registraba como número inválido.
