Las aparentes anomalías dentro del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en el Cesar, no se dan solo con los alimentos de los niños: EL HERALDO conoció que la Contraloría estableció en un informe de junio pasado presuntos hallazgos fiscales por $2.451 millones por sobrecostos en la adquisición de utensilios de cocina para las escuelas del departamento.
Sobrecostos de 460%
En el informe de auditoría a los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP) en la vigencia 2016 en el Cesar, presentado por la Contraloría en 78 páginas, fechado en junio pasado, señala el ente de control que luego de una denuncia encontró que en el contrato 2016-02-0004, del 15 de enero de 2016, entre la Gobernación y la Fundación Acción Social Integral (Acsi) con objeto de la prestación del servicio del PAE por un monto de $17.269 millones, se dieron dos hallazgos fiscales por $2.062 millones y $389 millones, 'relacionados con presuntas irregularidades en el cálculo del presupuesto oficial del contrato, con la determinación del costo de la ración y con el personal contratado y vinculado por el operador'.
El documento, dirigido al gobernador Francisco Ovalle, por parte del contralor delegado para el sector social, José Soto, pone de presente que el total del presupuesto para el PAE en Cesar durante 2016 fue de $49.336 millones.
Señala el ente de control fiscal, además, que en el contrato 2016-02-1261, para la dotación de quipos y utensilios básicos para la prestación del servicio del PAE, suscrito entre el Consorcio Menajes del Cesar, por un valor de $6.736 millones se halló que los valores de los elementos a adquirir según los estudios de precios, difieren de los precios pagados por el consorcio a sus proveedores, y dichas desigualdades llegan hasta un 460 por ciento más del costo real, arrojando aparentes sobreprecios de $1.403 millones.
En el contrato 2016-02-0202, del 5 de febrero de 2016, para 'la promoción e implementación de estrategias de desarrollo pedagógico con la Diócesis de Valledupar en la zona rural del Cesar', por $10.451 millones, se pretendía atender a 6.263 estudiantes, de los cuales 788 eran educados por docentes oficiales y el resto, 5.475, por la diócesis.
Iglesias cristianas
Este diario también tuvo acceso a una auditoría del ente de control a los recursos de la educación en Magdalena, en la que se determina un posible detrimento patrimonial de $408 millones por parte de dos iglesias cristianas que habrían cobrado servicios educativos que al parecer no prestaron.
Se detalla al respecto que en total hubo ocho hallazgos administrativos en el departamento, siete de ellos disciplinarios y uno con presunta connotación fiscal por $408 millones, que compromete a dos iglesias cristianas en aparentes malos manejos con recursos de educación.
El asunto se da en la ejecución de los contratos 119, 120 y 654 de 2016, para la prestación del servicio educativo, administrativo y de aseo en las diferentes escuelas públicas. Aquí, dice el ente de control, 'se evidenciaron cobros que los contratistas realizaron al departamento por concepto de salario y otras actividades, sin que se hubiese prestado el servicio, lo cual generó un detrimento al patrimonio de la entidad territorial por $408 millones'.
