El presidente del Congreso, el senador Efraín Cepeda, pidió al Gobierno acudir ante los tribunales internacionales para denunciar la situación revelada por EL HERALDO acerca de los 61 colombianos, 59 de ellos caribes, que permanecen detenidos en Venezuela desde septiembre de 2016, señalados de 'mercenarios' y 'paramilitares' sin que hasta ahora se les haya imputado cargos y en condiciones humanitarias lamentables.
'Esto nos parece gravísimo y tiene que ver con que Venezuela está abandonando la democracia y se está convirtiendo en una dictadura peligrosa para sus vecinos de Latinoamérica y para el mundo entero. El hecho de que no sean capaces de contestar siquiera las notas de la Cancillería pasa sin duda porque resienten la posición de Colombia en el sentido de señalar los graves problemas que allí se están sucediendo', dijo a este diario el legislador barranquillero.
Por ello, advirtió el dirigente conservador, se hace necesario que el Ejecutivo eleve denuncias ante instancias internacionales: 'esta es una situación de derechos humanos que tiene prioridad y no tienen manera ellos de soslayar la posición del Gobierno colombiano, al que recomendamos que acuda ante los tribunales internacionales para exigir que cesen estos atropellos'.
Entre tanto, la senadora Paola Holguín, miembro de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, en diálogo con este medio, puso de presente que desde la oposición del Centro Democrático han 'exigido la liberación de los 439 presos políticos que hay en Venezuela, y hemos hecho especial llamado a la Cancillería para que interceda por los colombianos privados de la libertad sin siquiera imputárseles cargos, porque es un obligación constitucional y tenemos que luchar por la libertad, la vida y la honra de todos los colombianos'.
Agregó la parlamentaria que el Ministerio de Relaciones Exteriores debe subir el tono ante la situación: 'queremos que la Cancillería asuma de manera más frontal el reclamo y ya debería exigir en instancias internacionales, la ONU, la OEA, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), ya que Colombia es signataria de las resoluciones y declaraciones de defensa de derechos humanos, incluso ante la propia Corte Penal Internacional (CPI)'.
Por su parte, el representante Alirio Uribe, quien hace parte de la Comisión Segunda de la Cámara, que se ocupa de los asuntos internacionales, le dijo a este diario que 'la Cancillería, a través del embajador o los cónsules, tiene la obligación de verificar esta situación, pedir información, ir a las cárceles y visitarlos'.
El congresista del Polo Democrático y exdirector del Colectivo de Abogados 'José Alvear Restrepo' advirtió en este sentido que 'a la luz del derecho internacional, ninguna persona puede ser privada de la libertad sin que se le imputen cargos y sin que se le dé derecho a la defensa y al debido proceso. Condenamos los abusos que se presentan contra los colombianos en la república de Venezuela, solicitamos que se aclare cuál es la situación de estas personas y exigimos que se les respete el debido proceso conforme a la constitución venezolana y a los tratados internacionales que vinculan al gobierno de ese país'.
A su vez, el senador José David Name, integrante de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, criticó en este medio la actuación de la cartera diplomática: 'es lamentable que la actuación de la Cancillería en este problema haya sido tan deficiente: después de un año y aún no hay respuestas'.
Finalmente, el legislador barranquillero de La U pidió la emisión de una nota de protesta ante Caracas: 'necesitamos que se resuelva cuanto antes la situación de estos colombianos que fueron privados de la libertad sin un debido proceso. Es necesario que el Gobierno emita una nota de protesta ante Venezuela exigiendo claridad sobre la situación jurídica de estas personas'.
Estas son las deplorables condiciones en que se encuentran los 61 colombianos presos en Venezuela
