La Procuraduría General de la Nación ejerció el poder preferente y asumió las investigaciones que tiene control interno de la Policía y las Fuerzas Militares por la muerte de ocho personas, en hechos ocurridos en la vereda Puerto Rico, del municipio de Tumaco, el pasado 5 de octubre.
La entidad designó al procurador delegado para la Defensa de los Derechos Humanos para que asuma la investigación integral y deberá asumir las investigaciones existentes en las Fuerzas Armadas, en el estado en que se encuentran, incluidas las decisiones tomadas en las últimas horas en materia de suspensiones disciplinarias a miembros de la Policía.
El Delegado para la Defensa de los Derechos Humanos también investigará las denuncias sobre las presuntas agresiones contra la comisión de verificación que se desplazó el día de ayer al lugar de los hechos, 'comprometiendo la integridad de miembros de organizaciones no gubernamentales, organismos internacionales, autoridades departamentales y periodistas, circunstancia que el Ministerio Público deplora y que hará parte de las líneas de investigación'.
La entidad señaló que, ante la gravedad de los hechos y el escalamiento de sus efectos dentro del programa de erradicación de cultivos ilícitos, 'la Procuraduría exhorta al Gobierno Nacional a convocar de manera urgente y extraordinaria una sesión de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad en el municipio de Tumaco, para que se adopten las inmediatas medidas de coordinación e intervención, en especial para garantizar la protección de los derechos humanos y de las víctimas que deja esta lamentable situación'.
La entidad igualmente hizo un llamado al Gobierno Nacional 'para que avance en las mesas y reivindicaciones de las comunidades respecto de sus derechos al acceso y uso de la tierra, y en especial en la apertura del diálogo y el cumplimiento de los acuerdos para la sustitución voluntaria, teniendo en cuenta que se trata de una población duramente golpeada por el conflicto'.
En este sentido, además, la entidad urgió a que los organismos de seguridad y la Fiscalía desarticulen las bandas criminales que ejercen violencia generalizada en esta y en otras zonas del país, para impactar la erradicación de cultivos y seguir lucrándose con esta actividad ilegal.
