Con el objetivo de verificar si la EPS Medimás está cumpliendo o no con los compromisos relacionados con la prestación de servicios de salud a los usuarios, la Defensoría del Pueblo y la Superintendencia de Salud harán una serie de vistas sorpresas a las diferentes sedes regionales de esta entidad.
Norman Julio Muñoz, superintendente de Salud, afirmó que el órgano de control ha encontrado que en algunas regiones la red prestadoras de servicios (IPS) no tienen la disposición de contratar con Medimás. 'Estamos verificando estos casos y si la EPS tiene una red alterna para que pueda atender a los usuarios. También estamos estudiando la posibilidad de que haya pagos anticipados que garanticen el cumplimiento de estos servicios', agregó el funcionario.
El superintendente indicó que se han identificado 10.700 casos en los que no ha habido atención oportuna a los usuarios. 'Estos reportes corresponden a atenciones prioritarias e inmediatas, de los cuales ya se han resuelto 7500. Para el resto de casos se emitió una medida cautelar para garantizar la inmediata atención de estos usuarios', dijo el superintendente.
Esto significa que Medimás debe resolver de manera inmediata las quejas que los usuarios, en su mayoría relacionadas con solicitudes de atención y citas.
En cuanto a la posibilidad de traslado a otras EPS, el superintendente afirmó que la entidad ha verificado en la base de datos pública 148.000 traslados. 'Por lo pronto, no hemos identificado barreras que estén evitando que la población que quiera trasladarse de Medimás a otra EPS, lo pueda hacer', puntualizó Norman Julio Muñoz.
Sin embargo, la Superintendencia está verificando 92 quejas sobre supuestas barreras administrativas para autorizar traslados.
En relación al seguimiento de los recursos, el órgano de control tiene en sus registros que Medimás ha recibido más de 700 mil millones de pesos en su operación, ha pagado cerca 550 mil millones a la red prestadora de servicios. El resto de recursos están en proceso de verificación por parte de la Supersalud. Norman Julio Muñoz afirmó que en caso de encontrarse irregularidades se procederá a realizar el procedimiento que establece la ley.
'Siempre hemos hablado de la responsabilidad que tienen las empresas de garantizar los derechos humanos. Esta mesa se levantará el día que estemos tranquilos en este sentido con Medimás. Estos informes los vamos a contrastar en el terreno porque nosotros somos la Defensoría del Pueblo en terreno. Vamos a verificar los hospitales, EPS, pero además, vamos a pedirle a la Comisión Séptima del Senado que también haga parte de esta mesa interinstitucional', dijo el defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret.
Así mismo, el defensor hizo un llamado público para que las instituciones Fundación Valle del Lili y la Clínica Imbanaco sigan prestando sus servicios de salud a cerca de 180 mil usuarios de Medimás en los departamentos del Valle del Cauca, Cauca, Putumayo y Nariño, sobre todo a aquellos con enfermedades de alto costo como cáncer y VIH, entre otras.
