El presidente de la República, Juan Manuel Santos, al terminar una reunión de la Comisión Nacional de Garantías, anunció que el gobierno prepara un plan integral para aliviar la crisis social que atraviesa Tumaco, al tiempo que aseguró que enfrentará, 'con toda contundencia', los asesinatos de los líderes sociales y descartó, por ahora, que estos hagan parte de una política sistemática para matarlos.
De la misma forma indicó que sobre la masacre de los seis campesinos en Tumaco, Nariño, al principio de este mes, aún no se sabe quiénes fueron los autores, pero resaltó que todas las autoridades que investigan deberán entregar prontamente un informe sobre los autores.
El mandatario dijo que el próximo martes se llevará al Congreso de la República, para tramitarlo en el fast track, un proyecto de ley por medio del cual se fortalece la lucha contra las bandas delincuenciales, y de la misma forma se dispone de un mecanismo para el sometimiento de algunas de las mismas.
Respecto a los autores de los crímenes de los líderes sociales, sostuvo que 'los victimarios son de diferentes tipos, bandas criminales, disidencias, Clan del Golfo, 'no se puede decir que hay un patrón o política sistemática en los crímenes, no se puede concluir'.
Advirtió que los crímenes respecto al año pasado han aumentado 6,25 %, y señaló que los departamentos más afectados son Cauca, Antioquia, Nariño, Valle, Norte de Santander y Chocó.
Resaltó que hay una acción de la Fiscalía para hacer las imputaciones de los autores de los asesinatos, y anunció que la Fiscalía se comprometió en apurar los procesos.
De la misma forma, sostuvo que se dio la orden de crear una fuerza de tarea conjunto entre el Ejército y la Armada en Nariño, para intervenir los ríos y la frontera, para enfrentar con más contundencia al narcotráfico.
En la reunión estuvieron los ministros de Interior, Guillermo Rivera; Justicia, Enrique Gil, Defensa, Luis Carlos Villegas, el alto consejero del postconflicto, Rafael Pardo; y el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, como también el procurador Fernando Carrillo, entre otros.
También el defensor del Pueblo, Carlos Negret; el jefe de misión de las Naciones Unidas en Colombia, Jean Arnault; y el representante de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Todd Howland.
