Un fallo del Juzgado Promiscuo Municipal de San Fernando, Bolívar, ordenó el arresto por cinco días de Miguel Samper Strouss, director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y el pago de una multa de tres salarios mínimos legales vigentes.
La decisión fue tomada luego de que el juez encontrara viable el incidente de desacato a una acción de tutela que radicó Felipe Turizo, alcalde este municipio el pasado 8 de junio, contra la ANT, en el que se le pedía a la agencia explicación de un acto administrativo que impide al municipio hacer uso de unos terrenos que le pertenecen.
Los hechos que llevaron a la orden de detención de Samper Strouss se originan el 14 de septiembre de 2009, cuando, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, a través del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), transfirió de manera gratuita alrededor de 3500 hectáreas de tierra a cerca de 700 familias de San Fernando y cerca de 1500 a la administración distrital del municipio.
No obstante, por un error administrativo, los predios quedaron en lo que se conoce jurídicamente como afectación familiar (una figura que protege viviendas familiares ). Yarelis Zambrano, asesora jurídica de San Fernando, explicó que esta acción no es aplicable para bienes públicos, solo para particulares y por eso se procedió a pedir que la agencia modificara parcial o totalmente el acto, haciendo uso de las vías jurídicas, hasta llegar a esta última decisión.
'Se les pidió que corrigieran el acto administrativo pero, hicieron caso omiso de la petición y por eso decidimos instaurar una acción de tutela para que se corrigiera el documento. El juez les ordenó que lo hicieran pero tampoco lo hicieron y por eso interpusimos el desacato', agregó Turiso.
En los predios que pertenecen al distrito hay colegios, parques y un cementerio, sin embargo, hay unos lotes vacíos que no han podido ser usados para proyectos de desarrollo municipal por este inconveniente.
Advierte la asesora jurídica de San Fernando que si Samper Strouss no cumple con lo ordenado por el juez, la Procuraduría General de la Nación podría abrir una investigación disciplinaria.
